Las corporaciones policiacas y de vialidad en Torreón atraviesan por una crisis de confianza ya que sus agentes han ido acumulando quejas por presunto actos de corrupción. Desde hace semanas, empresarios y ciudadanos han manifestado en reiteradas ocasiones el mal proceder de los elementos, a quienes acusan de extorsión, hostigamiento y robo.
Eugenio Treviño, vocero del GEL, dijo que los empresarios informaron a Adelaido Flores, director de Seguridad Pública Municipal, que hay quejas de que los policías realizan detenciones injustificadas, correspondientes a agentes de Vialidad y Tránsito. Esta situación provoca que la ciudadanía tenga temor y desconfianza, por lo que en muchas ocasiones ceden a las presiones de los agentes.
Si bien es cierto que las autoridades municipales se han concentrado en reducir los índices de inseguridad, también se ha descuidado la actuación de los agentes de tránsito y policías en su trato con los ciudadanos. La Comisión Pro Observancia y Vigencia de los Derechos Humanos en La Laguna reportó que sólo en enero recibió 25 quejas contra policías municipales por robos cometidos a personas que eran revisadas en la zona Centro de Torreón.
Ante este panorama, el Ayuntamiento de Torreón ha anunciado medidas para acabar con la corrupción en ambas corporaciones. Una de ellas es el lanzamiento de una convocatoria para renovar al personal de Vialidad. La otra se refiere a la creación de un consejo ciudadano de análisis de asuntos internos que revise los casos de presuntos abusos policiacos y el actuar de la corporación en general.
Aunque estos anuncios representan una primera muestra de voluntad del ayuntamiento por enfrentar el problema, es necesario que se traduzcan en hechos y, sobre todo, que la ciudadanía tenga la certeza de que la autoridad castigará a los elementos que actúen de forma incorrecta. En ese sentido, se requieren mecanismos de control legalmente conformados y no solamente llamadas de atención. Debe ofrecerse justicia para la ciudadanía y que se garantice el buen desempeño de la corporación.
Pero estas acciones deben replicarse en todos los niveles de gobierno, ya que también han sido documentados casos de abusos y corrupción en cuerpos policiacos federales y estatales. En su reporte de enero de 2015, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila registró 95 quejas, la mayoría contra instituciones estatales de seguridad y procuración de justicia.
Un ejemplo claro de excesos en el proceder de los agentes estatales es el registrado en Cuatrociénegas la semana pasada, en donde el Grupo de Armas y Tácticas Especiales intentó imponer un “toque de queda”, lo que provocó el disgusto de la ciudadanía.
Es por ello que los gobiernos no deben pasar por alto que para mejorar la seguridad pública es necesario un respeto irrestricto a los derechos humanos. Si no se actúa contra los elementos que se están excediendo en sus funciones, lo único que se propiciará es el incremento de la desconfianza y la incertidumbre de los ciudadanos.
