La actitud del alcalde Miguel Riquelme, frente a la participación de diversos protagonistas de la sociedad civil en nuestra ciudad, ofrece en estos días dos diversos casos de intolerancia, inadmisible en los tiempos que corren.
El primero de ellos atañe a la confrontación del fin de semana pasado, entre el alcalde y los socios de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac). De acuerdo a los antecedentes que son del dominio del público, la falta de una respuesta oportuna de la policía preventiva para enfrentar en tiempo real los asaltos a restaurantes, desde el año pasado se ha venido ventilando en los medios la propuesta de instalación de los llamados "botones de pánico", que estarían conectados a un sistema de comunicación de la Dirección de Seguridad Pública.
En relación con la propuesta referida, la autoridad fijó su postura en sentido positivo siempre y cuando los negocios que quisieran conectarse al sistema, corrieran con sus propios gastos.
Una vez asumida la situación por parte de los empresarios, el presidente de la Canirac anunció la celebración de un evento en el que tendría lugar una ceremonia de inicio de la operación, a partir de la conexión de los primeros cuatro restaurantes participantes, mediante una ceremonia en la que estarían presentes Miguel Riquelme y su secretario de Seguridad Pública.
La respuesta del alcalde aparecida en El Siglo de Torreón el domingo pasado, es causa de gran desconcierto, puesto que tanto el edil como el jefe de la Preventiva desmienten a los empresarios y desconocen que exista un acuerdo y un trabajo previos, que justifiquen el avance de la conexión en los términos referidos por los dirigentes de la Canirac y ambos funcionarios llegan al extremo de manifestar que ignoran si el sistema instalado por los empresarios, es compatible con el de la autoridad.
El alcalde trata a los empresarios como menores de edad, y con independencia de quién mienta y quién diga la verdad, el caso muestra una falta de coordinación extrema, que habla muy mal del desempeño de la autoridad en un tema en el que un descuido de tal magnitud no es admisible.
El segundo caso de confrontación del alcalde con organismos intermedios de la sociedad, ocurre en virtud de la descalificación que hace Riquelme de los resultados del informe correspondiente al año de 2014, emitido por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) a través del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna (CCIL). Los índices delictivos determinados por el informe referido, ubican a la zona conurbada de la Comarca Lagunera dos y tres veces o más por encima de la media nacional de delitos, en los diversos rubros que fueron objeto de la calificación a saber: 2.1 veces por encima de la media nacional en el rubro de robos con violencia; 3.2 veces en el renglón de robo a negocio; 2.7 veces en el caso de robo a transeúntes, etcétera.
El alcalde descalifica el trabajo de los organismos referidos y sin datos estadísticos en la mano desmiente el informe, al tiempo que sostiene que el considerar a la zona conurbada como una unidad ocurre en desventaja para Torreón, porque según Riquelme, los altos índices delictivos de Gómez Palacio y Ciudad Lerdo, arrastran negativamente a Torreón, al determinarse el índice delictivo atribuido al conjunto conurbado en su totalidad.
La postura del alcalde es del todo equivocada, porque precisamente la consideración de la zona conurbada como una sola unidad social para efectos de medir los índices delictivos, es uno de los mayores aciertos del informe que es objeto de comentario.
Para justificar su postura Riquelme asegura que el día de hoy sale más gente a la calle que en tiempos de Eduardo Olmos y aun aceptando lo anterior como una verdad a medias, ni es argumento para descalificar el informe presentado por el ONC y el CCIL, ni demuestra que los torreonenses estemos ni satisfechos ni conformes con los niveles de delictivos y de inseguridad que privan en nuestra ciudad.
