El dato es contundente: en tan sólo cinco años, el número de acuíferos con sobreexplotación se ha duplicado en México. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de los 653 mantos freáticos que se tienen registrados en el país, en 2009 había 100 que presentaban un déficit. La cifra aumentó a 200 en 2014. Entre éstos se encuentra el Acuífero Principal, del cual se abastece la Comarca Lagunera.
Se considera que un manto es deficitario o está sobreexplotado cuando de él se extrae más agua de la que recibe. En el caso del acuífero de La Laguna, la Conagua calcula que el déficit es de 123 millones de metros cúbicos (Mm3) al año. Para darnos una idea, ese volumen equivale a más o menos la demanda de líquido que existe en la zona metropolitana de La Laguna.
Ahora bien, los datos de sobreexplotación aportados por Conagua corresponden a la diferencia que hay entre la recarga y el volumen concesionado de agua subterránea a usuarios de los distintos sectores (agropecuario, industrial, doméstico). Sin embargo, el volumen concesionado no corresponde, al menos en el caso del Acuífero Principal, a la cantidad de agua que se extrae en realidad. En 2008 la recarga era de 518.9 Mm3 y el volumen concesionado de 651.2 Mm3. Esto representa una diferencia negativa de 132.3 Mm3, lo cual permite deducir que la disminución del déficit entre 2008 y 2014, considerando sólo la cantidad permitida, fue apenas del 7 por ciento. Pero en 2008 se estimaba que el agua total extraída ascendía a 930.9 Mm3, es decir, que la sobreexplotación real sería de 412 Mm3.
La explicación de la diferencia entre el volumen concesionado y el extraído está en varios fenómenos. Uno es la existencia de norias clandestinas, o sea, que carecen de permiso oficial. Otro, que entre las que cuentan con su debida concesión hay las que carecen de medidor volumétrico y, por lo tanto, los usuarios pueden bombear más agua de la que tienen permitido. La pregunta obligada es ¿dónde está el principal problema?
Según cifras de la propia Conagua, en México el 77 por ciento del líquido que se utiliza corresponde a la agricultura y ganadería. Sólo un 13 por ciento se destina al consumo humano y labores domésticas. El resto es de uso industrial. Esto quiere decir que por cada 2.3 litros que se contempla para las casas e industrias, 7.7 se van en actividades agropecuarias. Y es aquí en donde se genera el mayor desperdicio y en donde hay más descontrol.
Aunque la Conagua y la Secretaría de Agricultura han emprendido acciones para enfrentar el problema, los datos arriba expuestos evidencian que hasta ahora son insuficientes. La sobreexplotación persiste y, con ello, el abatimiento del manto freático regional se agrava. El año pasado, ambientalistas laguneros advirtieron que cada año el Acuífero Principal registra un abatimiento de entre 0.5 y 3.45 metros lineales.
Entre las medidas aplicadas por autoridades y asociaciones civiles para mejorar la recarga y disminuir el déficit destacan: el proyecto de reforestación de la cuenca alta del río Nazas; la tecnificación del riego agrícola; la clausura de pozos clandestinos y sin medidor, y la construcción de plantas tratadoras de aguas residuales. No obstante, el avance hasta ahora ha sido poco y no exento de problemas.
Uno de los principales obstáculos a superar es la resistencia de los productores agropecuarios, quienes concentran la mayoría de los títulos de concesión de las norias. El Comité Técnico de Aguas Subterránea estima que sólo el 33 por ciento de la superficie de cultivo cuenta con tecnología para eficientar el uso del líquido en la región. El argumento central de empresarios agrícolas y campesinos para no adherirse a los programas de tecnificación es el costo que les representa, por lo que solicitan más apoyo por parte de las autoridades.
Pero existe otro reto, cuya responsabilidad recae en la autoridad rectora en la materia. Para que la tecnificación pueda redundar en el ahorro previsto del agua que se extrae del subsuelo, es necesario que los excedentes no sean utilizados para ampliar la superficie de cultivo. A la par de esto, se debe vigilar que quienes cultiven, cuenten con los respectivos permisos de siembra y uso de agua. Para ello, la Conagua acaba de anunciar un programa de monitoreo satelital para medir la extensión de cada productor y así evitar que se utilice más líquido del que está autorizado.
No obstante, la Conagua debería empezar por ajustar el volumen concesionado al de recarga, es decir, que no se autorice la extracción de más agua de la que entra al manto acuífero. Además, es urgente establecer mayores controles en el uso de los pozos y aplicar las sanciones debidas a quienes se rehúsan a colocar medidor y a respetar la cantidad que se les ha permitido bombear. Según cifras oficiales, en la región el 26 por ciento de las norias agrícolas carece de aparato de medición o lo tiene descompuesto.
Más que caer en la satanización del sector agropecuario, que es uno de los principales soportes económicos de La Laguna y del cual dependen miles de familias, lo que se requiere es hacer entender a quienes encabezan esta actividad, y a las propias autoridades, que no es posible mantener el ritmo de presión sobre la principal fuente de abastecimiento de líquido que tiene la región, y que la prioridad en el uso deben ser las personas. Aunque los intereses sean muchos y muy grandes, no queda de otra.
Dialoguemos en twitter: @Artgonzaga
O por correo electrónico: argonzalez@elsiglodetorreon.com.mx
