Desde la pasada campaña electoral del 7 de junio, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha incurrido en irregularidades y violaciones a la ley electoral por las que se le han impuesto multas que, reunidas, casi alcanzan los 500 millones de pesos.
Aunque aún no es definitiva, la más reciente sanción asciende a 88.5 millones de pesos, pero no precisamente por actividades electorales, sino por ocultar información sobre la transacción de 11 millones de pesos por una propiedad lotificada en tres partes en la delegación Iztapalapa.
De acuerdo con cifras recabadas por este diario, durante la campaña electoral 2014-2015 y hasta la fecha, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han resuelto al menos 30 quejas de partidos políticos por las que se han impuesto multas al Verde por un aproximado de 496.5 millones de pesos.
El TEPJF sólo ha dejado firmes, en sanciones, 186 millones de pesos; el resto aún sigue pendiente por algunas impugnaciones que ha interpuesto el partido del tucán ante los organismos electorales.
Sólo el PRI, en la historia de los partidos, supera al PVEM con una multa de mil millones de pesos por el llamado Pemexgate en 2001, pero la sanción fue ratificada hasta 2003 por el extinto Instituto Federal Electoral (IFE), que resolvió que recursos del sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex) fueron utilizados en la campaña del entonces candidato presidencial del tricolor, Francisco Labastida Ochoa.
Así, en caso de que el total de multas sean avaladas, el Verde Ecologista de México se encontraría como el segundo instituto político más multado en la historia.
Las actividades ilícitas han sido diversas por parte del PVEM, desde la entrega de kits escolares, tarjetas de descuento Premia Platino, calendarios, la transmisión de spots llamados cineminutos en cines de prestigio, así como la sobreexposición, con más de 293 mil spots contratados a título personal por el grupo parlamentario del Verde en el Senado de la República.
En todas las denuncias, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han sostenido fuertes debates por la ilegalidad y las sanciones.
La polémica actual
Este viernes, la Comisión de Fiscalización del INE aprobó una nueva multa por 88.5 millones contra el PVEM, aunque no fue por actividades electorales de la reciente campaña, sino por ocultar información de la adquisición, en 2009, de una propiedad lotificada en tres partes en Iztapalapa.
Esta sanción, de acuerdo con el consejero electoral Ciro Murayama, es la más alta que haya recibido un partido político por no presentar la información pertinente durante sus operaciones ordinarias.
El extinto IFE detectó que el PVEM había reportado un conjunto de gastos para escriturar la propiedad ante notario. Después de cinco años, la Comisión de Fiscalización del ahora INE resolvió que el Verde nunca reveló la información de dicha propiedad.
De acuerdo con la investigación realizada por la Comisión del INE, el Verde contrató a la empresa Grupo Textil Joad para la elaboración de 763 mil 599 camisetas con el logotipo del tucán, por lo que pagó 11 millones de pesos. No obstante, la empresa incumplió con el contrato y a cambio le dio al partido la propiedad.
El inmueble de la delegación Iztapalapa que el Verde
escrituró, no fue a nombre del partido, sino de un particular, Marco Antonio de la Mora Torreblanca, entonces secretario de Organización del partido.
Los consejeros electorales resolvieron que la multa sea por ingresos de origen desconocido reportados.
Pero este caso todavía tendrá que ser analizado por el Consejo General del órgano electoral en su sesión del próximo miércoles.
De acuerdo con la Comisión de Fiscalización, a pesar de que el hecho corresponde a las cuentas de 2009, la investigación inició en octubre de 2011, por lo que se tenía hasta octubre de 2016 para que el caso prescribiera.
El INE informó que dará vista a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) por si se vulneraron otras normas que no le corresponde seguir al órgano electoral.
Propiedades son de mi papá: asegura alcalde
El alcalde Juan Antonio Martín del Campo, abierto aspirante a la gubernatura del estado, negó que su hermano Leobardo Martín del Campo haya adquirido 19 propiedades por cerca de 13 millones de pesos, en los dos años de su administración. Afirmó que algunos inmuebles son de su padre y otros pertenecen a su hermano hace más de 20 años.
El alcalde panista tomó a la ligera la investigación periodística en la que se documentó que su hermano compró las propiedades, algunas en sociedad con su hijo, como consta en el Registro Público de la Propiedad de Aguascalientes.
“Es algo que da risa, quiero comentarles que es una información en donde no es cien por ciento verídica, salen por ahí algunas casas, algunas propiedades, y que son de mi papá, algunas de ellas; otras sí son de mi hermano, pero desde hace muchos años, desde hace más de 20 años”.
