Un coronel en retiro del Ejército fue señalado el martes de haber participado en el asesinato de más de una decena de civiles a los que sus hombres falsamente presentaron como delincuentes muertos en combate.
Se trata del otrora oficial Róbinson González Del Río, quien junto a su abogado se hizo presente en un complejo judicial cerca del centro de Bogotá para escuchar los cargos formulados por la Fiscalía.
González, al decir de la Fiscalía, habría incurrido en delitos como homicidio, porte ilegal de armas y falsedad en documento público.
Según explicó el organismo en un comunicado, González "se encargaba de ubicar a personas con antecedentes judiciales y luego, en supuestos combates, daba la orden de fusilarlos para hacerlos pasar como muertos en combate y sumar positivos a su hoja de vida".
El fiscal explicó en la audiencia pública que a las víctimas "les colocaban una mochila a cada supuesto guerrillero, en ella les echaban limones, pan, leche, panela y accesorios de campaña". También las aprovisionaban de fusiles, escopetas y granadas para que apareciera pólvora en sus manos.
González está detenido en La Picota, una cárcel del sur bogotano.
En junio del año pasado González afirmó a medios locales que, por presiones de mandos superiores y a cambio de dinero, comandó el asesinato de civiles en departamentos del suroeste colombiano, donde su unidad tenía jurisdicción.
El militar retirado detalló en esa oportunidad que los civiles asesinados eran jóvenes venidos de otras regiones como Bogotá, miembros de bandas delincuenciales y guerrilleros y paramilitares desmovilizados a los que citaban con promesas falsas de trabajo para luego emboscarlos en parajes oscuros.
Los asesinaban y los vestían con uniformes para hacerlos pasar como bajas en combate, más conocidos aquí como "falsos positivos".
González del Río contó que por ofrecer reportar bajas de guerrilleros ante sus superiores recibió pagos de entre dos y cinco millones de pesos (entre 646 dólares y 1,615 dólares).
En octubre de 2008, el entonces presidente Álvaro Uribe, y su ministro de Defensa, el hoy mandatario Juan Manuel Santos, destituyeron a 27 militares porque por acción u omisión habrían sido permisivos en la comisión de ejecuciones extrajudiciales de civiles.
De acuerdo con datos de la Fiscalía, unos 3,000 colombianos habrían sido víctimas de la práctica de los "falsos positivos". Varios centenares de militares han tenido que responder por estos hechos y muchos de ellos ya han sido condenados.
