La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México exigió la libertad inmediata de la dirigente de la CRAC y garantías para su familia. (Archivo)
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) denunció amenazas de muerte contra Saira Rodríguez Salgado, hija de la todavía coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Néstora Salgado García, luego que el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, pidió por escrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) que se desista de la acción penal en su favor.
En un comunicado de la RNDDHM, se denuncia que el 9 de enero pasado, Saira Rodríguez Salgado recibió una llamada telefónica en la que una voz masculina le advirtió: "ruégale a Dios que tu madre se quede donde está, sino, tú y tus angelitos pagarán las consecuencias".
Ante esto, las 172 defensoras que conforman la RNDDHM, ubicadas en 22 estados y el Distrito Federal, exigieron la inmediata libertad de Néstora Salgado, detenida desde el 21 de agosto del 2013, y que se le brinden las garantías de seguridad para ella y su familia, pues la consideran una defensora de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Guerrero.
La organización defensora de derechos humanos señaló que la decisión del encargado del poder Ejecutivo en Guerrero evidencia que la detención de la comandanta de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Olinalá fue arbitraria.
El comunicado recuerda que la decisión tomada por el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega se suma a la que tomó el 31 de marzo del 2014, el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, de revocar el auto de formal prisión por delincuencia organizada en contra de Salgado.
La RNDDHM aseguró que, a lo largo de un año, cuatro meses y días en prisión, Néstora Salgado ha sido sometida a condiciones inhumanas, graves irregularidades para defenderse jurídicamente y a no permitirle un contacto familiar, lo que le ha repercutido en su integridad física y mental.
La organización exigió a los gobiernos estatal y federal detener la presunta criminalización de que es objeto la CRAC-OC, que surgió desde 1995 para frenar a la delincuencia organizada en las regiones de la Montaña de Tlapa y la Costa Chica, y pidió que se respete la Ley Número 171, donde se reconocen los derechos y cultura de los pueblos indígenas para crear sus cuerpos de seguridad.
