La opacidad en el endeudamiento público y las finanzas, no es la única zona de oscuridad en el desempeño del Gobierno del Estado de Coahuila que encabeza Rubén Moreira, sino que la penumbra se extiende a todos los espacios de la administración pública en su conjunto, en agravio de los ciudadanos.
Lo anterior se desprende como botón de muestra, de las declaraciones recientes de la titular de la Procuraduría para los Niños, las Niñas y la Familia (Pronnif) Yezca Garza Ramírez, que aparecen publicadas en la edición de El Siglo de Torreón del viernes pasado, que revelan además de la opacidad que es objeto de comentario, un estilo autoritario y represivo que es inadmisible en todo caso, pero con mayor razón en un área tan sensible como lo es el de la política pública de protección a la familia y a la infancia.
La funcionaria emite sus declaraciones en relación con un caso notable en el que un matrimonio lagunero que realizaba un trámite de adopción de dos menores en Nueva Rosita, Coahuila, se quejó de que los trámites relativos a la adopción se vieron interrumpidos por parte de la autoridad, que suspendió la convivencia entre los pretendientes adoptantes y los niños, sin que existiera causa justificada para ello.
Es poco lo que trasciende a la información pública en el caso que nos ocupa, pero de entrada se antoja que los aspirantes a la adopción no emitirían una queja si no tuvieren motivos para ello, y el solo hecho de que la delegación de Pronnif en la ciudad de Torreón, haya cambiado cuatro veces de titular en un período de dos años, es prueba de una rotación de personal excesiva que habla muy mal de la institución y ofrece fundamento y credibilidad a la queja.
El caso es que el reclamo de la pareja trascendió a los medios de comunicación y aunque no se reveló la identidad de los involucrados, la reclamación fue suficiente para provocar el enojo de la Procuradora que en lugar de ordenar y hacer una investigación y regularizar el procedimiento, sirvió de pretexto a la funcionaria para cancelar de modo drástico y definitivo el trámite, lo que priva a los adoptantes fallidos del derecho que les concede la ley, sin que exista de por medio resolución judicial al respecto.
En sus declaraciones la titular de Pronnif con más o menos palabras, descalifica a los aspirantes porque al externar su queja, a juicio de la funcionaria los quejosos violaron la "secrecía" o secreto que según la opinión de la funcionaria, debe envolver a ese tipo de trámites, lo que implica un rechazo para que esos pretendientes adoptantes se conviertan en padres legales de los menores de que se trata en el caso concreto.
Es obvio que los trámites de adopción y otros que conciernen al tema de la familia deben llevarse con discreción para proteger a los menores de edad, pero no es cierto que exista una obligación al secreto que alcance a ocultar de la crítica y de la supervisión de la sociedad los procedimientos administrativos que realizan los órganos del estado, para que éstos se lleven a cabo conforme a derecho. Pretender que el secreto funcione de la manera que quisiera la procuradora Garza Ramírez, equivale a sustraer del escrutinio social a la función pública, lo que desde luego los coahuilenses no debemos permitir.
La reacción de la titular de Pronnif no se detiene en el rechazo referido con anterioridad, sino que priva al matrimonio en cuestión del derecho que tienen a emprender cualquier otro trámite de adopción dentro de los límites de del Estado de Coahuila, con el añadido de que los amenaza de dar aviso de lo acontecido a todos los Estados de la Federación para que no puedan adoptar en ninguna parte, lo que constituye una persecución vengativa y discriminatoria que no debemos tolerar.
Lo anterior indica que en Coahuila todo ciudadano que tenga el atrevimiento de criticar el mal funcionamiento de las instituciones, es reo de castigo hasta la muerte civil. No es remoto que en el futuro próximo, los coahuilenses tengan que ir a estados vecinos como Durango o Nuevo León a realizar trámites de adopción, como en la actualidad lo hacen para tramitar las placas de sus vehículos.
