En la colaboración anterior mencionamos que el gran asunto pendiente en la agenda ambiental es el agua, particularmente la sobreexplotación y contaminación de nuestros acuíferos localizados en la parte baja de la cuenca Nazas-Aguanaval, fenómeno que se ha enfrentado desde la política hídrica con medidas insuficientes para recuperar esos cuerpos de agua dulce, motivando una participación ciudadana que exige soluciones que garanticen el abasto presente y futuro de agua para la población y los ecosistemas.
En tanto que las instituciones oficiales han centrado sus acciones en la tecnificación del riego agrícola y en la filtración de agua para uso doméstico, los grupos civiles insistimos en que también se debe aplicar una medición confiable en las extracciones de agua de los pozos para uso agrícola, puesto que no basta asignar miles de millones de pesos en eficientar los sistemas de riego si a la vez no se les exige a los grandes usuarios un control responsable en los bombeos.
Otro asunto pendiente en la agenda regional es la conservación de los ecosistemas y biodiversidad en las áreas naturales protegidas (ANP) decretadas y aquellos sitios que aún están en espera. En La Laguna tenemos las principales categorías de ANP definidas en la legislación mexicana: federal (Reserva de la Biosfera Mapimí), estatal (Parque Cañón de Fernández), municipal (Reserva Ecológica de Jimulco) y voluntarias (Ejidos Tomás Garrido y Villa de Bilbao).
Una de las principales limitantes de estas ANP es la asignación de recursos que posibiliten la implementación de medidas que aseguren la conservación de los ecosistemas y biodiversidad sujetos a protección, así como enfrentar las amenazas presentes. Son también espacios donde se alberga un importante capital natural escasamente valorado por los gobernantes y la propia ciudadanía.
La primera de estas ANP es administrada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), donde una de las principales amenazas ha sido regulada, el turismo orientado más hacia la Zona del Silencio que al aprovechamiento del paisaje, lo que no ha sido del todo posible con la práctica de ganadería con manejo tradicional y otros problemas que no han trascendido en la afectación de su capital natural, mientras que las áreas voluntarias recientemente creadas están realizando esfuerzos por gestionar recursos que posibiliten continuar conservándolo y obtener beneficios para sus dueños.
Es en el parque estatal y la reserva ecológica municipal donde se enfrentan problemas más serios como los ya mencionados, quizá por sus atractivos escénicos y la cercanía con los centros urbanos. En el Cañón de Fernández, el espacio protegido más visitado por los laguneros ha tenido en el turismo una constante amenaza porque el visitante promedio acude a él por ser un sitio singular y sin igual en la región, pero carece de la educación ambiental y realiza prácticas que afectan su vida silvestre, desde los motociclistas hasta el paseante común que destruye vegetación y tira basura.
Recientemente ha surgido una amenaza mayor por parte de un concesionario que está afectando este humedal reconocido como Sitio Ramsar (así se denominan aquellos humedales de importancia internacional para la conservación de la naturaleza) levantando construcciones que violan las restricciones de la legislación ambiental (cambio de uso de suelo sin permiso) y la propia concesión de la franja federal.
Esta ANP es administrada por un organismo civil desde su declaratoria, Prodefensa del Nazas, la cual recibe limitados e irregulares recursos del gobierno estatal; ha intentado disuadir a dicho concesionario y evitar las afectaciones que realiza, ya que se observa que pretende convertir este sitio destinado a la conservación de la vida silvestre en un fraccionamiento privado. Lamentablemente, las instituciones oficiales responsables de regular las concesiones de las franjas federales del Río Nazas han sido omisas en la aplicación de las regulaciones en el uso de estos corredores ribereños, y otras pareciera que avalan esas afectaciones.
En la reserva ecológica municipal enfrenta otro tipo de amenazas, particularmente la presión antrópica sobre sus terrenos, sea con fines de esparcimiento, la minería u otras actividades. Los atractivos paisajísticos del lugar ha motivado la venta de terrenos en los poblados, en agostaderos y la Sierra de Jimulco, en esta última ha surgido un interés por actividades mineras. Lamentablemente, las condiciones precarias de la población y el interés personal de algunos lugareños podrían favorecer enajenaciones que afecten el capital natural de esta ANP, porque traería cambios en el uso de suelo y fragmentación de hábitat, aunado a la presión que implica la creación de casas de campo de los citadinos que adquieran solares urbanos en los poblados del área.
Esta ANP es administrada desde hace ocho años por un organismo civil, Fundación Jimulco, que recibe fondos municipales, también con rezago, el cual ha realizado una gestión que involucra una red de universidades, organismos empresariales y civiles como a los habitantes de las comunidades, y es quizás por esto que ha sido posible enfrentar las anteriores amenazas y otras que surgen entre quienes no valoran el escaso capital natural que aún tenemos en la región.
En ambos casos, por las circunstancias en que se decretaron y la gestión que ocurre después de ello, su administración ha involucrado grupos civiles adoptando singulares esquemas de gobernanza, aun cuando pareciera que no son épocas donde se reconozca la participación ciudadana, pero ésta ya está ahí y continuará sea cogestionando o vigilando estos espacios protegidos. Lo que está en juego es el escaso capital natural que nos queda por encima del interés particular de quienes pretenden lucrar con él.
Por otro lado, se encuentran los sitios que aún no han sido declarados como ANP, tal es el caso del Cañón y Sierra del Sarnoso y Cuchillas de la Zarca. En ambos ya se realizaron los estudio técnicos justificativos y sólo falta darle continuidad a las gestiones para que se someta a un estatus de protección legal; el primero se encuentra dentro de la Comarca Lagunera (parte de los municipios de Mapimí, Lerdo y Gómez Palacio) y el segundo fuera de ella, pero la mayor parte dentro de la cuenca Nazas-Aguanaval.
A los habitantes de esta región y cuenca nos quedan pocos espacios donde aún encontremos ecosistemas naturales y vida silvestre en buen estado de conservación, algo que debe preocuparnos proteger como un patrimonio natural y cultural para que nuestra generación y las siguientes los disfruten por los servicios ambientales y recreativos que nos prestan. Es y será, por tanto, un asunto pendiente en la agenda ambiental no sólo para el siguiente año, sino en forma permanente.
