Amnistía Internacional reiteró su llamamiento al Estado a evitar que las Fuerzas Armadas desempeñen funciones policiales, debido a que sus miembros carecen de la capacitación adecuada y no rinden cuentas por sus actos.
Amnistía Internacional (AI) llamó hoy al Gobierno de Enrique Peña Nieto a realizar una "investigación exhaustiva e imparcial" de la muerte de 22 personas a manos de militares hace un año en el municipio mexicano de Tlatlaya.
En un comunicado, el director ejecutivo de AI México, Perseo Quiroz, consideró "fundamental" que todos los "militares que tengan responsabilidad, incluso por cadena de mando, sean llevados ante la justicia".
Además, destacó la necesidad de que se indague la "responsabilidad en que hayan incurrido otros funcionarios públicos durante la deficiente investigación de estos hechos", que se llegue a la verdad y "se otorgue una reparación integral que incluya medidas concretas para que este tipo de hechos no se repitan".
El 30 de junio del año pasado, 22 presuntos delincuentes perdieron la vida en una bodega de Tlatlaya, en el central Estado de México, la mayoría de ellos asesinados por soldados (15 según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH), a pesar de que se habían rendido.
Según la versión inicial presentada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los 22 supuestos miembros de una banda de secuestradores fallecieron en un enfrentamiento armado con las tropas en el municipio de Tlatlaya.
No obstante, esa versión fue desmentida por una de las tres sobrevivientes identificada como Julia, quien aseguró que un civil había muerto en el enfrentamiento y los demás habían sido asesinados tras un interrogatorio, lo que desencadenó la detención de los militares y su procesamiento en los fueros civil y castrense.
Amnistía recordó hoy al Estado mexicano que "el mantenimiento del orden público no debe ser un pretexto para violar los derechos humanos".
"El uso de la fuerza debe ser limitado a criterios de proporcionalidad, y sólo en casos de absoluta necesidad, como señalan las normas internacionales de derechos humanos".
En el marco de su "fallida estrategia militarizada" en contra de la delincuencia organizada, "el Estado recurrentemente ha ignorado" esa obligación, aseveró.
La agrupación defensora de los derechos humanos pidió nuevamente que las Fuerzas Armadas dejen de desempeñar funciones policiales -detenciones, investigaciones e interrogatorios-, ya que "carecen de la capacitación adecuada y no rinden cuentas por sus actos".
