Clave. Si la ley que el PRI prepara es aprobada, los usuarios serían perseguidos.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales lanzó un decálogo de alerta sobre la intención del PRI en el Senado de criminalizar el uso del internet con la aplicación de sanciones penales.
En el documento, la organización señala desde errores de redacción, hasta planteamientos que buscan directamente aplicar la censura.
R3D advierte que, de aprobarse la iniciativa impulsada por el senador Omar Fayad, se podría castigar hasta con 28 años de cárcel a quien sea considerado como "terrorista", sólo por publicar datos.
"Difundir información que desestabilice la paz pública te convertiría en un terrorista", señala.
"Así que deja de dar retweet a esas notas sobre la Casa Blanca, Ayotzinapa, Tlatlaya y la otra casa de Videgaray. Para estar seguros no hables de ninguna casa si no quieres pasar de 15 a 28 años de prisión".
Según el decálogo, existe el riesgo de criminalizar el uso legítimo del derecho a la libertad de expresión en internet, ya que se pretende castigar a todo aquel que agreda o profiera cualquier forma de maltrato verbal.
"Se abre la puerta para criminalizar voces disidentes, minoritarias o impopulares", señala en relación a la propuesta de dar hasta dos años de cárcel a quien incurra en esta conducta.
La organización sostiene que la iniciativa también busca imponer una mordaza digital al periodismo en Internet.
"Estos delitos amenazan gravemente el derecho a la libertad expresión, pues impiden a cualquier persona o medio de comunicación divulgar información de interés público que sea privada, que no tenga autorización o consentimiento de su dueño", indica.
"Es decir, sería delito para un periodista publicar un documento, fotografía, audio o revelar cualquier información privada de cualquier persona, aunque revele una torre de corrupción, violación a derechos humanos o sea de interés público".
De acuerdo con la Red, la iniciativa del PRI intenta criminalizar plataformas que divulguen información privada, aún cuando sea de interés público, como es el caso de Mexicoleaks o Wikileaks.
También se critica la intención de crear una policía cibernética, con facultades de vigilar la red y obtener información personal de cualquier usuario.
"Para rematar, se pretende dar a la Policía Federal la posibilidad de suspender sitios, páginas electrónicas y cualquier contenido que atente contra la seguridad pública", denuncian.
"Así la Policía Federal busca tener la posibilidad de decirle a las empresas que prestan el servicio de Internet que bloqueen el acceso a los sitios que ellos consideren".
R3D destaca que, según el proyecto, los proveedores de servicios prácticamente se convertirán en espías, ya que deberán conservar los datos de tráfico de origen y destino de cada comunicación o cualquier información que pueda ser de utilidad para ser investigada por la autoridad.
Indican que, con la nueva legislación, se podría castigar hasta con 15 años de prisión a quien decida "tirar su computadora a la basura", ya que se propone sancionar a quien destruya, inutilice, dañe o realizar cualquier acto que altera el funcionamiento de un sistema informático.
'Ley es borrador'
El senador priista por Hidalgo Omar Fayad Meneses dijo que su iniciativa de ley para prevenir y sancionar los delitos informáticos, bautizada en redes como #LeyFayad, es sólo un borrador que se puede perfeccionar.
Tanto en sus redes sociales, como en su portal de internet, Fayad Meneses publicó su postura ante la serie de críticas de las que ha sido objeto por la presentación de la ley e incluso se dijo dispuesto a borrar algunas partes del proyecto.
"La iniciativa presentada es el equivalente a un borrador que aún irá a comisiones para iniciar el debate de cara al desarrollo de una ley contra los ciberdelitos y de protección de los internautas", indica Fayad.
El senador hidalguense insiste en que hay gente que usa internet para la ejecución de numerosas conductas que deberían ser tipificadas como delitos, como el acoso sexual, la suplantación de identidad y los robos electrónicos.
"No podemos permitir que la falta de legislación abra la puerta a la impunidad de estas conductas. Hemos de dar seguridad y proteger a los internautas de los agresores", indicó.
