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Ley de Aguas

Alistan defensa en ley de aguas

En la lucha. Alejandro Sánchez  Camacho afirmó que el PRD hará lo posible por que la ley no pase.

En la lucha. Alejandro Sánchez Camacho afirmó que el PRD hará lo posible por que la ley no pase.

AGENCIA REFORMA

Diputados federales del PRD amenazaron con tomar la tribuna de la Cámara baja, para impedir la aprobación de la Ley General de Aguas.

El legislador Alejandro Sánchez Camacho anunció además una serie de movilizaciones de protesta en estados como Morelos, San Luis Potosí, Tamaulipas y el Distrito Federal, que incluyen una concentración frente al Palacio Legislativo de San Lázaro.

"Al interior del recinto legislativo no descartamos nada, es decir, desde el proceso parlamentario como es la moción suspensiva, y dos, no descartamos tampoco acciones enérgicas, como la toma de la tribuna en la Cámara de Diputados", dijo.

Por su parte, Miguel Alonso Raya, coordinador del PRD, denunció que la nueva ley privatizará el servicio, al dejar en manos de particulares la explotación, uso, disposición y aprovechamiento de los recursos hídricos del país.

"Es un robo desvergonzado en agravio de la nación y de los mexicanos. En los hechos, el derecho humano al agua", señaló.

"Es el abandono del Estado mexicano de sus facultades y atribuciones para beneficiar a unas cuantas empresas nacionales y extranjeras; en particular las favorecidas por el actual Gobierno y su titular desde que éste encabezó la administración pública en el Estado de México".

El diputado afirmó que es una transgresión a la Constitución, pues nulifica el derecho humano al agua para permitir su acaparamiento por agentes privados, para quienes además se fortalece la posibilidad de traficar con los títulos de concesión incluso en zonas de baja disponibilidad del recurso.

Detalló que una de esas formas de acaparamiento son los trasvases o explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales trasladadas de una cuenca a otra por agentes privados, lo que les permitiría acaparar y sobreexplotar el agua del país durante 30 años con derecho a prórroga.

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