Desde el 2003, cuando entró en vigor la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su aplicación siempre se ha visto obstaculizada por las resistencias de los sujetos obligados, que buscan mantener en la opacidad o, la franca y abierta secrecía, su actuación; así han recurrido a la clasificación de la información como reservada; la negativa de la existencia de información; los tribunales administrativos y judiciales, a pesar de no estar facultados a ello; y, hasta las reformas legislativas para modificar sus responsabilidades.
La historia de las fórmulas, argucias y triquiñuelas es larga y muy diversa. A pesar de ello el mes de febrero del año pasado se aprobó una reforma constitucional que hacía avizorar mejores tiempos para la transparencia en México; pero no se contaba con que el gobierno federal -aunque avaló la reforma constitucional- no estaba dispuesto a claudicar en su intento de mantener la simulación y pronto empezaron a aparecer las muestras de que mantendrían sus resistencias.
Primero, maniobraron para designar un grupo de comisionados del órgano de gobierno del organismo garante que les permitía asegurar el control del mismo; después incumplieron la fecha límite para aprobar la Ley General, establecido en uno de los transitorios de la reforma constitucional para el 7 de febrero de este año; y, finalmente, hicieron un grupo de observaciones al proyecto que los senadores habían elaborado con la colaboración de expertos y organizaciones de la sociedad civil vinculados con el tema, para tratar de impedir los principales avances de la legislación propuesta.
Entre las observaciones que hizo el Consejero Jurídico del Ejecutivo destacan algunas que no únicamente buscan impedir los avances, sino incluso pretenden lograr un franco retroceso. Entre éstas destacan la pretensión de sancionar a los funcionarios de los organismos garantes cuando revelen información que pudiera generar daño a los sujetos obligados, con lo cual con una expresión tan ambigua e indefinida como "generar daño" inhibir la actuación de los integrantes de los órganos de gobierno. Es exactamente la misma estrategia que utilizaron en los organismos electorales, al establecer que los miembros de los Consejos Locales y Distritales, sin ser empleados del organismo, sí son sujetos a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
También se pretende dar reversa a la disposición que permite que la información vinculada a violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad sea pública y, por lo tanto, disponible para cualquier persona que lo solicite; para obligar a que sea la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes hagan la declaración formal que permita acceder a la información. Esta disposición es precisamente la que ha permitido acceder a mucha de la información vinculada con los recientes atropellos del Ejército y las policías. Así se debilita al órgano garante y se obstaculiza la posibilidad de acceder de forma inmediata a la información.
Pero los intentos de regresión van más allá, ahora pretenden introducir elementos para ampliar las posibilidades de reservar información por motivos de afectar la estabilidad económica o la seguridad nacional. La primera deja abierta la puerta para que información vinculada a eventos políticos o sociales pueda considerarse como factor de inestabilidad económica y, por lo tanto, sujeta a reserva; la segunda elimina la obligación de demostrar el interés legítimo, es decir, dejar claro que puede haber una afectación directa a la seguridad nacional. En los términos en que se establecen las dos causales, casi cualquier información podrá considerarse que las puede afectar y, por lo tanto, reservarse su difusión y publicidad.
También pretenden eliminar las obligaciones de transparencia relacionadas con la gestión pública de las actividades de explotación de hidrocarburos, con lo cual pretenden aprovechar la llamada reforma energética para operar bajo un régimen especial y, por lo tanto, no sujeto a la Ley de Transparencia. Lo mismo que hicieron en su momento con el Infonavit, organismo integrado por la participación de gobierno, trabajadores y patrones, con lo cual lo maniobraron para no reconocerlo como sujeto obligado.
Estas cuatro observaciones pretenden clausurar espacios de transparencia vigentes en la legislación aplicable, es decir, no se trata nada más de tratar de evitar los avances que permitía la lograr la reforma constitucional, sino retroceder en lo que ya operaba antes de dicha modificación.
Obviamente, el presidente Enrique Peña Nieto y su Consejero Jurídico, también pretenden evitar que se aprueben algunos de los avances que ya se habían plasmado en la iniciativa de ley que habían consensuado los integrantes de la Comisión correspondiente del Senado, expertos y sociedad civil, como la posibilidad de acceder al listado de los contribuyentes que recibieron condonaciones fiscales; la obligación de demostrar que el daño que se puede causar por divulgar una información es mayor al beneficio público que la misma ocasionaría; la obligación de general información, para evitar la excusa de la inexistencia de los documentos; y ampliar las posibilidades de que el Consejero Jurídico de la Presidencia interponga recursos ante el Poder Judicial, entre otras.
Así la Presidencia no únicamente intenta minimizar los avances de la reforma constitucional, sino que pretende incluso eliminar algunas de las conquistas que se habían logrado a partir de las sentencias de las cortes nacionales e internacionales, avalando o ampliando las atribuciones y sentencias del órgano garante. A pesar de una reforma constitucional considerada de avanzada en su momento, las amenazas de regresión en materia de transparencia nuevamente están presentes.
