¿Estaríamos dispuestos a no perseguir a los que han robado o a los que han hecho un uso indebido de los recursos públicos si esa fuera la condición para que votaran por la creación de un sistema anticorrupción que nos garantice que esos comportamientos a partir de ahora no quedarán impunes?
La pregunta viene a cuento porque en días pasados, una persona bien informada sobre las negociaciones que se están llevando a cabo entre partidos, legisladores y gobierno en torno al tema del sistema nacional anticorrupción, me contó que uno de los temas recurrentes en las conversaciones ("abordado de manera sutil, pero inequívoca") es como evitar que este nuevo sistema termine sentándolos a todos en el banquillo de los acusados. Sí estarían dispuestos, según esta fuente, a avanzar en el tema porque son conscientes del costo que está teniendo sobre su capacidad de gobernar y la credibilidad del sistema en su conjunto, pero siempre y cuando no se sientan directamente amenazados. No dijo más, pero me quedó claro que en la medida en que "se consigan tranquilizar al respecto", es que estarán dispuestos a ir más a fondo en la construcción de un sistema que audite, controle y sancione la forma en que manejan los recursos públicos.
La disyuntiva es difícil. ¿Podríamos vivir tranquilos viendo como la hija de Romero Deschamps viaja con sus mascotas en avión privado sabiendo que ya nada se puede hacer al respecto? ¿O dejar que Elba Esther Gordillo termine tranquilamente sus días en medio de un lujo que sabemos fue ilegalmente obtenido? ¿O saber que se salieron con las suya gobernadores que hicieron presas y bancos o que gastaron los millones que estaban destinados a los hospitales y a las escuelas en pendones y carpas para ganar elecciones?
La cuestión no es sencilla. Tampoco lo es saber cómo estarían pensando amnistiarse los políticos porque los expertos son formales: por una parte ninguna ley es retroactiva y por la otra el tiempo en que tardan en prescribir ciertos delitos está definida por la ley.
Dicho esto, no deja de tener lógica que los involucrados en el proceso de aprobación de estas iniciativas sólo estén dispuestos a ir hasta donde sientan que no atentan contra sus propios intereses.
¿A nosotros qué nos conviene más? Un sistema que avance muy paulatinamente para que dé tiempo de cambiar a toda una generación de políticos que han jugado según unas reglas muy permisivas y que por lo mismo temen (con razón) la creación de instituciones que los puedan perseguir, o dar un gran paso hacia la construcción de un sistema de rendición de cuentas eficaz, que sancione duramente esos comportamientos y los vuelva por lo tanto cada vez menos frecuentes, pero a costa de no perseguir delitos y abusos recién cometidos.
Me inclino, no sin pesar, por ver hacia adelante. Si existe alguna posibilidad (que ni siquiera puede ser certeza) de que en un plazo muy corto el dinero destinado a los hospitales llegue a los hospitales, el de las escuelas a las escuelas y el de las obras a las obras, creo que hay que tomarlo. Porque si lo posponemos, así sea en aras de hacer justicia, hombres, mujeres y niños seguirán muriendo de enfermedades curables, jóvenes sin oportunidades seguirán engrosando las filas de la delincuencia y se postergará, una vez más, el desarrollo del país.
La disyuntiva estremece y ni siquiera sé si existe. Quizá son las ganas de que algo profundo y decisivo se pueda hacer en el corto plazo. A esperar.
