El anuncio del presidente Enrique Peña Nieto de nombrar como secretario de la Función Pública a Virgilio Andrade con la encomienda específica de investigar el presunto conflicto de interés parece una mala broma; es aberrante que el responsable de investigarlo sea un subordinado del presunto responsable, pero además amigo personal de uno de los presuntos involucrados (Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público).
Por supuesto que el "exculpador designado" de inmediato dejó claro que investigará donde está seguro que no encontrará ninguna irregularidad: en los procesos de asignación de los contratos de las obras que han sido asignadas a las dos constructoras. Los funcionarios públicos mexicanos (que no siempre son políticos) ya desarrollaron un "modus operandi" que les permite cumplir con todos los requisitos legales establecidos en las distintas normas aplicables.
La salida y llegada de nuevas generaciones de constructores, y contratistas en general, con los cambios de las administraciones municipales, estatales y federales, es una muestra de que las licitaciones públicas más allá de cumplir con todas las formalidades dejan suficiente espacio para que los nuevos funcionarios públicos maniobren para favorecer a sus amigos y cómplices.
En el sexenio de Alfonso Martínez Domínguez, como gobernador de Nuevo León (1979-1985), era un secreto a voces que la Dirección de Obras Públicas del Gobierno del Estado tenía en su poder papelería membretada de todas las constructoras, así cuando debía adjudicar un contrato cumplía estrictamente con el requisito de presentar las tres cotizaciones y otorgar el contrato a la más baja; la cuestión es que eran los mismos burócratas de dicha dependencia los que llenaban las tres cotizaciones e iban turnando las obras públicas entre las constructoras favoritas. Quien revisara los procesos de adjudicación encontraría que todo estaba en orden, pues efectivamente se habían cumplido estrictamente todos los aspectos legales.
Incluso en la cancelada licitación del tren rápido México-Querétaro, el secretario de Obras Públicas, Gerardo Ruiz Esparza, ha defendido reiteradamente la legalidad de la misma. Lo cual en estricto sentido es cierto, pues siguieron estrictamente todos los pasos y requisitos estipulados en la ley y las mismas bases de licitación, lo que habían hecho era establecer tiempos y condiciones, que únicamente podía cumplir el único que finalmente se inscribió; pero si se hace una revisión hoy seguramente no se encontrará ninguna irregularidad. Por eso Andrade puede revisar con lupa dichos procesos y encontrará todo en orden.
La investigación tiene que dirigirse en los beneficios extraordinarios que recibieron los tres compradores al momento de realizar sus operaciones. Peña Nieto, de acuerdo a la información disponible, compró a un precio muy favorable; Rivera, con un descuento del 37% y una tasa de interés de las dos terceras partes de la vigente en el mercado; y Videgaray, con un descuento de 35%, un enganche de únicamente el 8% del valor total de la operación y una tasa de interés de menos de la mitad de la vigente en el mercado. Eso es en cualquier parte un regalo, o más bien, tres regalos y por valores que no están permitidos recibir a los funcionarios públicos de parte de sus proveedores.
Sin embargo, dos de los tres involucrados (Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera y Luis Videgaray, en el orden en que adquirieron sus propiedades) también cuidaron esta formalidad legal y Rivera y Videgaray realizaron las operaciones mientras no eran funcionarios públicos (en el caso de la primera cuando ni siquiera había iniciado la campaña electoral que llevaría finalmente a su esposo a la Presidencia de la República), en enero y octubre de 2012. El único que lo hizo cuando ya era gobernador en funciones en el Estado de México fue Peña Nieto, que compró su casa el 27 de diciembre de 2005.
En el caso de Videgaray habría que revisar con mucho cuidado si por ser uno de los dos coordinadores del equipo de transición del gobierno federal y, al menos, tener a su disposición presupuesto federal para la contratación de personal y pago de servicios, se le puede considerar funcionario público o no; pero ciertamente es un tema límite, pues todo indica que en ese momento él no recibía un sueldo del presupuesto federal.
Pero Andrade ya anticipó que no puede revisar las operaciones mercantiles entre particulares y en el caso de Peña Nieto, seguramente señalará que tampoco está facultado para revisar las finanzas estatales, además de que es muy probable que si hubiese algún delito o irregularidad ya hubiese prescrito, pues ya han pasado más de 8 años de dicha operación. Y, desde luego, tampoco tratará de explicar por qué las dos constructoras crecieron tan vertiginosamente a partir de la llegada al poder de Peña Nieto y Videgaray, tanto en el Estado de México como a nivel nacional.
Andrade no fue nombrado para investigar si hubo o no conflicto de interés; fue designado secretario con la encomienda de certificar que todos los procesos de adjudicación de las obras públicas, que ganaron las dos constructoras favoritas en los dos años y dos meses del actual gobierno, se realizaron conforme a las normas legales y a partir de ello pretenderán exonerar a todos los involucrados.
Si Peña Nieto quisiera en realidad someterse a una investigación tenía la vía expedita a través de la Auditoría Superior de la Federación, que formalmente depende de la Cámara de Diputados; pero su intención era simplemente obtener la exculpación y la única forma de tener plena seguridad de ello era que lo hiciera un subalterno de él. Andrade fue nombrado para exonerar, no para investigar.