Los primeros problemas ambientales en nuestro país se asocian a las concentraciones urbanas, particularmente en las ahora denominadas zonas metropolitanas donde las actividades humanas generaban elevadas concentraciones de sustancias y partículas que contaminaban el aire atmosférico con un impacto en la salud de sus habitantes; también se enfrentaban las dificultades en el manejo de aguas residuales y basura.
Las primeras crisis o contingencias ambientales ocurrieron en el Distrito Federal, Guadalajara o Monterrey y sus zonas metropolitanas, donde la calidad del aire se deterioró a niveles alarmantes, pero también surgieron problemas transfronterizos por el uso de recursos naturales, sobre todo de los cuerpos de agua binacionales como los ríos Bravo-Grande y Colorado.
Entonces existía una legislación laxa en materia ambiental y tampoco se habían creado las instituciones responsables de aplicar esas regulaciones; los problemas ambientales se encuadraban dentro de las normas sanitarias y se atendían por oficinas creadas dentro de las instancias gubernamentales de este tipo: los problemas ambientales eran considerados como asuntos de salud pública. Estamos hablando de entre la sexta o séptima década del siglo pasado.
Ante la recurrencia de estas y otras contingencias como la deforestación, sobrepastoreo, erosión de suelos, pérdida de biodiversidad, el cambio climático, entre otros, a la par de la difusión internacional que se daba a problemas globales que indicaban la existencia de procesos de deterioro ambiental preocupantes, atrajeron la atención de nuestros gobernantes y, en un ejercicio de ensamble con las nuevas tendencias mundiales, se empezaron a dar cambios importantes en la legislación y en las políticas públicas en la materia.
Es entonces cuando México firma todo tipo de convenios que Naciones Unidas promovía para hacer frente a estos asuntos que ocurrían no sólo dentro de las fronteras nacionales sino a escala mundial, particularmente a partir de la celebración de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992: la Agenda 21 Local, el Convenio de Diversidad Biológica, Protocolo de Kyoto, por mencionar algunos.
Antes de ese año, ya en México se hacían esfuerzos por emitir una legislación ambiental unificada (en 1988 se promulga la LGEEPA) y se empiezan a crear instituciones responsables de la protección y cuidado del ambiente (INE, Profepa, Semarnat, etcétera), pero aun cuando nuestro país trata de insertarse en este contexto internacional, los problemas de esta índole que ocurrían en el territorio nacional eran tales que rebasaban las capacidades institucionales para darles respuestas; entonces, las políticas ambientales aparecen como reactivas, se reacciona ante lo que no se previó o no se atendió oportunamente.
Es por ello que con el tiempo se ha tenido que reconocer lo que algunos autores definen como déficit de gestión gubernamental, ya que lo que tenemos enfrente no es la ausencia de reglas que rijan el manejo de los recursos naturales sino la ausencia de capacidades institucionales para atender los problemas ambientales, una de ellas, sumamente grave, es la que tiene que ver con la aplicación de las normas con base a las cuales deben regularse ese manejo.
En nuestra región observamos ejemplos claros de esto, como el referido a la gestión de los recursos hídricos, cuando se comete el error de otorgar concesiones de aguas subterráneas con volúmenes mayores a los de recarga en los acuíferos, o se permite su extracción sin control en volúmenes equivalentes al doble de estos últimos, creando un problema serio de sobreexplotación y contaminación de estos cuerpos de agua dulce.
Estas decisiones contravenían los principios básicos de manejo hidrológico de los acuíferos al provocar un desbalance entre recarga y extracción, a la vez de contravenían las normas que regulaban ese manejo con consecuencias severas para la naturaleza al afectar el ciclo hidrológico, agotar las reservas de agua que la economía y la población requieren para su desarrollo presente y futuro, y poner en riesgo la salud de esta última.
Tal parece que nuestro país tiene establecidas las regulaciones ambientales necesarias para acotar las actividades humanas que impactan el ambiente, que si se aplicaran no enfrentaríamos los problemas que tenemos actualmente; por tanto, no es un problema de anomia ambiental (ausencia de reglas que rijan un ámbito de la realidad), sino de déficit de gestión gubernamental en esta materia, donde después de crear un problema de esta magnitud derivado de la aplicación de una política hídrica equivocada, ahora resulta sumamente complejo resolverlo, las capacidades institucionales no son suficientes para ello.
Por esa razón afirmamos que el problema de la sobreexplotación y contaminación de los acuíferos en la región, y en otras partes del país, es de gestión, donde las instituciones responsables de regular el manejo del agua y el ambiente carecen de esas capacidades institucionales o las que tienen son insuficientes para aplicar medidas (basadas en las leyes vigentes) que posibiliten recuperar los acuíferos, los intereses creados en torno a las concesiones asignadas por decisiones de política pública erróneas y la concentración que de ellas adquirido, son superiores a dichas capacidades.
