El Senado aprobó en comisiones una reforma al artículo 73 de la Constitución que faculta al Congreso a emitir una Ley General en materia de desaparición forzada, tortura, tratos inhumanos, penas crueles o degradantes.
El dictamen, avalado por unanimidad, fue turnado a la Mesa Directiva con la finalidad de que pueda discutirse durante la sesión ordinaria de hoy jueves y enviarlo a la Cámara de Diputados.
De acuerdo con la reforma, una vez que entre en vigor la disposición, tras la aprobación de 17 de las 31 Legislaturas estatales, el Congreso tendrá plazo de seis meses para expedir las leyes generales.
La intención es que exista un solo ordenamiento, homologado en todo el país, para prevenir, investigar y sancionar a los responsables de incurrir en esos delitos.
"Es de vital importancia que se sustente la competencia del Poder Legislativo Federal para dotar de un ordenamiento que homologue la descripción de la conducta acreedora de pena y las sanciones disponibles, así como las medidas de prevención, investigación, enjuiciamiento y sanción de este delito", se indica en el dictamen.
Según los legisladores, se trata de conductas en las que, al verse involucrados servidores públicos y autoridades de cualquier orden de Gobierno, reclaman la intervención del Congreso, para que se establezca la concurrencia y coordinación de las autoridades federales, estatales y municipales.
En el caso particular de la desaparición forzada, se considera como un delito que constituye una violación múltiple a los derechos humanos.
De ser aprobada por el Pleno, la reforma se concretará a siete meses de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero.
El presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil, consideró que una vez aprobada la reforma constitucional, las leyes permitirán sancionar la desaparición cuando se registre la intervención de autoridades o la "desaparición equiparada", cuando el delito sea cometido por particulares.
"Le va a permitir al Estado mexicano aumentar sus capacidades institucionales para generar sanciones contra cualquier privación de la libertad", dijo.
La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Graciela Ortiz explicó que la reforma es producto del análisis de un total de 22 iniciativas en la materia.
Ortiz celebró que México pueda cumplir con las recomendaciones realizadas por diversos organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, afirmó que se trata de una de las reformas más importantes y necesarias para castigar este tipo de delitos.
El senador Alejandro Encinas aseguró que, al abordar este tema, el Legislativo obligará a las autoridades a castigar la desaparición forzada de personas utilizada por los gobiernos para la persecución política.
Confió además en que la reforma ayude a esclarecer los hechos registrados en Iguala.
Dolores Padierna, vicecoordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), detalló que la reforma obligará a las autoridades a proteger a los ciudadanos contra este tipo de abusos.
El senador perredista, Zoé Robledo, pidió enriquecer la reforma para atender el problema creciente del desplazamiento interno forzado.
"Hay cerca de 33 millones de personas internamente desplazadas en todo el mundo y estamos a tiempo de que se incorpore en nuestra Constitución", dijo.
El legislador federal consideró que el aumento de la violencia, desatada por la guerra contra el crimen organizado, ha agravado este fenómeno de desplazamiento forzado de la población.
"Se calcula que en México podrían existir más de un millón 200 mil personas desplazadas de sus lugares de origen, lo que representa una grave violación a sus derechos humanos", declaró.
