La Cámara de Diputados aprobó ayer por mayoría la Ley General de Transparencia que obligará a los partidos políticos, sindicatos y cualquier organismo que reciba recursos públicos, informar a la ciudadanía cómo los utilizan.
El dictamen, aprobado en lo particular y en lo general con 264 votos a favor, 68 en contra y una abstención tal como lo envió el Senado, pasará al Poder Ejecutivo Federal para su publicación.
Otro de los aspectos relevantes de la nueva Ley de Transparencia es que los senadores, diputados federales y locales deberán informar todas y cada una de las remuneraciones que reciben: dietas, bonos, ingresos, compensaciones, prestaciones, gratificaciones, primas y comisiones.
En materia de derechos humanos, las autoridades no podrán reservar información cuando se trate de hechos en los que se presenten violaciones graves o delitos de lesa humanidad.
La Ley también prevé la creación de un Sistema Nacional de Transparencia, que contará con una plataforma en Internet para que los ciudadanos puedan consultar toda la información pública disponible.
Pero la nueva normativa ha recibido críticas, entre las que destacan las de quienes consideran que servirá como instrumento de control político hacia el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
Pero, sobre todo, organismos de la sociedad civil advierten que no existe claridad en los criterios que utilizará el IFAI para determinar qué información será puesta bajo reserva.
