En una atmósfera de incertidumbre política, malestar social y depresión económica inicia el año, cualquier pronóstico sobre su curso es una aventura.
Si al carácter electoral del año marca la hora de subrayar diferencias y no coincidencias políticas, se agregan la crisis de dos poderes de la Unión -el Ejecutivo y Legislativo-, la descompostura de los partidos, la incorporación de tres nuevas organizaciones y la inestabilidad de los gobiernos de la vertiente del Pacífico, además de Tamaulipas, el cuadro no puede ser más inquietante.
En ese clima y en ese terreno habrán de renovarse la Cámara de Diputados, nueve gubernaturas, mil 9 ayuntamientos -incluidas las 16 delegaciones del Distrito Federal-, además de 17 Congresos estatales, o sea, 641 diputaciones.
Cada paso, decisión, acción y omisión de los actores involucrados en esos procesos, instancias y actividades contarán a lo largo del año.
Sin posibilidad de vislumbrar la acción del malestar social y la reacción oficial ante ella, conviene asomarse a la agenda previsible y, haciendo votos porque eventuales desbordamientos no la alteren o anulen, demandar cuidado y atención a lo prioritario bajo la perspectiva de su urgencia e importancia. Pretender que, pese a la circunstancia, se puede mantener y cumplir la agenda como si nada ocurriera sería un error.
Tras la renovación de la presidencia de la Suprema Corte, la actual Legislatura emprenderá su último perÍodo ordinario con tres problemas a cuestas: la pérdida del paso y el ritmo en el proceso de su reconstitución y fortalecimiento (iniciado en 1997), el cúmulo de pendientes legislativos que arrastra y el reducido lapso para trabajar sin que su actuación se vea contaminada por la contienda electoral.
Si los legisladores quieren contribuir a la solución del problema y no ser parte de él, obligado es que revisen si vale la pena atender todos los pendientes y en los términos en que lo venían haciendo.
Tres pendientes destacan por su importancia. El relacionado con el sistema anticorrupción; dos, el relativo a la intervención de la Federación en los municipios infiltrados por el crimen y la creación de 32 policías estatales, y el concerniente a la reforma política del Distrito Federal. Mantener la discusión de esos asuntos como se venía dando sería un error. En vez de aportar soluciones, podría agrandarse el problema.
En cuanto al combate a la corrupción, a las iniciativas en proceso se agregaron otras, derivadas del conflicto de interés en que incurrieron funcionarios al adquirir casas de un contratista privilegiado por el gobierno. La suma de esos proyectos legislativos está dando lugar a un rompecabezas institucional que podría dar lugar a un nuevo elefante blanco.
Si, en verdad, se quiere crear una instancia con fuerza y dientes para abatir la corrupción, los legisladores deben rediseñar el esquema porque el sistema nacional anticorrupción y la Fiscalía Anticorrupción junto A las instancias existentes -la Secretaría de la Función y la Auditoría Superior de la Federación- no integran, aunque así se le quiera denominar, un sistema. Empeñarse en mantener la discusión y la aprobación en sus términos, complicará en vez de resolver el problema.
¿Es compatible crear una Fiscalía con una Auditoría y una Contraloría sin enmarcarlas en un sistema anticorrupción?
En cuanto a la idea de darle marco jurídico a la intervención de la Federación en los municipios infiltrados por el crimen y la creación de 32 policías estatales a costa de las municipales, con lupa hay que mirar el tema.
A causa del crimen, derechos y libertades se han visto limitados. Nomás falta que, ahora, por las prisas se afecte a la célula misma del federalismo y se fortalezca el centralismo o que, queriendo acotar a los munícipes, se fortalezca a los gobernadores, poniendo en sus manos un ejército de policías. Sacar esas iniciativas sin considerar sus efectos secundarios podría resultar peligroso. Aplicar fórmulas importadas sin reconocer las particularidades nacionales o aprobar leyes sólo porque el presidente de la República lo quiere, puede agravar el problema.
En cuanto a la reforma política del Distrito Federal, está por verse si es el momento de atenderla. Esa reforma responde más al interés de los partidos que de la ciudadanía. Justo cuando se quiere poner acotar a los municipios, se pretende ampliar a las delegaciones. Los cabildos no han acreditado su función de equilibrio y control de los alcaldes, pero en el Distrito Federal se quieren incorporarlos. ¿Es el momento, tiene sentido?
Si la oposición en la Ciudad de México quiere tener mayor presencia, ésta debe derivar de su organización y crecimiento. No de las cuotas de poder con cargo al presupuesto y la ciudadanía.
En cuanto al proceso electoral, sin rasgarse las vestiduras, el Instituto Nacional Electoral debe valorar con toda objetividad si hay condiciones para desarrollar los comicios federales y locales, totales o parciales, particularmente en los estados que dan sobre la vertiente del Pacífico, además de Tamaulipas.
Es cierto, la suspensión de ellas colocaría en un brete a la democracia, pero la democracia está en un brete desde hace tiempo en esas entidades y la circunstancia social, política y criminal en ellas es caldo de la violencia, ante la cual reiteradamente el Estado ha mostrado incapacidad de contenerla. Es políticamente incorrecto hablar de la suspensión de la elección, pero si de remontar la crisis se trata, no puede simularse que la contienda será un día de campo en esos lugares.
¿Se puede o no se puede? En la respuesta va la definición de la calidad de las elecciones que garantizan los consejeros electorales así como la madurez de los partidos políticos. Si hay condiciones para elegir en libertad a gobernantes o representantes, adelante. Si no, ya se verá cómo crece el problema.
La incertidumbre es el signo de estos días, hay que actuar con honestidad y entereza ahí donde se puede hacer previsiones.
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