Un tribunal mexicano ordenó a las autoridades penitenciarias facilitar el traslado de la exlíder sindical Elba Esther Gordillo para que reciba atención médica fuera de prisión, sin que ello represente su liberación, informó ayer la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía).
La PGR indicó en un comunicado que el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal emitió el 12 de octubre un acuerdo sobre la solicitud del abogado particular de la procesada para que esta reciba atención médica.
La resolución judicial ordena a las autoridades penitenciarias "facilitar el traslado de Elba Esther Gordillo Morales y supervisar cualquier tema de seguridad que se requiera para la práctica de atención médica que necesite, fuera del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan", señaló.
La fiscalía aclaró que "lo anterior no está relacionado con el incidente para otorgar prisión domiciliaria que ha promovido la defensa ni implica que se determine la libertad personal de la indiciada".
Añadió que respeta la decisión judicial, que "atiende en todo momento los derechos humanos de la procesada".
El pasado 23 de septiembre, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano administrador del Poder Judicial, informó que el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal en el Distrito Federal estimó infundado el recurso presentado por el defensor de Gordillo para que se le concediera prisión domiciliaria.
El tribunal señaló que el artículo 55 del Código Penal Federal prevé el otorgamiento de la prisión domiciliaria sujeta, entre otros requisitos, "a que se emita una orden de aprehensión contra una persona mayor de 70 años de edad, aspecto que no cumple la procesada, ya que dicha medida le fue dictada a la edad de 68 años".
Dicho precepto también prevé "la sustitución de la pena de prisión por una medida de seguridad" cuando se trate de una sentencia en ejecución y cuando sea notoriamente innecesario que la persona cumpla la pena impuesta "por su senilidad o precario estado de salud".
Esta condición tampoco se cumple porque el proceso contra Gordillo, actualmente de 70 años, está en fase de instrucción.
El tribunal indicó que de continuar Gordillo en prisión preventiva, no implica que se viole su derecho a la salud pues ha recibido la atención médica necesaria.
Precisó que la procesada está privada de su libertad por la presunta violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos calificados como graves por la ley.