La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará un juicio de amparo relacionado con el ejercicio de la libertad de expresión, el cual se deriva de las agresiones y torturas que sufrió un periodista free-lance en el estado de Yucatán tras tomar fotografías del sobrino de un alcalde que en estado de ebriedad impactó su vehículo contra una casa.
Al ejercer su facultad de atracción del amparo para resolver el amparo promovido por el periodista independiente Edwin de la Cruz Canché, la Primera Sala del máximo tribunal deberá pronunciarse sobre los requisitos y documentos que se necesitan para acreditar la calidad de un informador, ya que un tribunal unitario con residencia en Campeche puso en duda que Canché fuera comunicador.
En la sentencia dictada por ese órgano jurisdiccional, se advierte que Canché no contaba con una credencial, título universitario ni contrato fijo con un medio de comunicación para que se le pudiera calificar como periodista, por lo que su representante legal, Luis Eduardo Knapp, presentó un recurso de revisión para impugnar dicha determinación.
El litigante explicó que de acuerdo con tratados internacionales y los convenios que México ha firmado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exigir documentos para el ejercicio del oficio periodístico atenta contra la libre expresión, por lo que no se puede exigir la colegiación obligatoria de los periodistas.
Agregó que para el ejercicio de la libertad de expresión no se requieren títulos o pertenencia fija a un medio de comunicación, ya que basta con que una persona cubra eventos sociales o políticos, para que pueda difundir sus textos o comentarios de manera libre a través de blogs y redes sociales.
El abogado Luis Eduardo Knapp explicó que el interés y trascendencia del caso radica en que la Suprema Corte podrá fijar criterios sobre el reconocimiento de los periodistas cuando son víctimas de un delito, ya que la federalización de los ataques a comunicadores incide en la definición para que un juez federal o del fuero común sea el que resuelva el caso.
Canché fue detenido por el alcalde y cinco policías municipales de Seyé, Yucatán, el 1 de enero del 2014, luego de que tomara fotos del presidente municipal, Hermilo Dzul, tras chocar con una casa.
Una vez detenido fue torturado y se le despojó de su cámara fotográfica para borrar las imágenes que había obtenido, por lo que una vez liberado presentó la denuncia penal correspondiente.
Por lo anterior, un juez federal dictó auto de formal prisión en contra de los agentes policiacos por los delitos de lesiones y abuso de autoridad, pero los abogados del periodista independiente han solicitado reclasificar como tortura el primer ilícito, debido a la calidad de servidores públicos de los seis involucrados.
