Mientras se discute en el Congreso de la Unión la creación de un sistema nacional anticorrupción, las auditorías de los estados, principales órganos fiscalizadores de las entidades, realizan un trabajo que ofrece magros resultados y que es cuestionado por los partidos de oposición debido a la cercanía de los encargados con el poder político estatal.
En un ejercicio de revisión de la labor que desempeñan los organismos auditores de Baja California, Coahuila, Durango, Jalisco, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán, Agencia PAR detectó que la mayoría de las observaciones realizadas a las cuentas públicas no redundan en acciones concretas contra los funcionarios que incurren en anomalías.
Para este ejercicio periodístico, se solicitó a las ocho auditorías los resultados de la revisión de las cuentas públicas estatales y municipales de los últimos tres ejercicios fiscales disponibles en cuanto a observaciones realizadas, observaciones solventadas, denuncias presentadas o procedimientos iniciados y resoluciones.
Las auditorías superiores de los estados (ASE) de Jalisco y Yucatán no proporcionaron la información solicitada, por lo que se desconoce qué han hecho los organismos en los últimos años.
En el caso de Coahuila, la ASE reportó 9,454 observaciones realizadas entre 2011 y 2013, de las cuáles sólo el 12.7 por ciento fueron solventadas en el plazo que se concede a los organismos auditados. Del resto, 8,253, se derivaron sólo 27 denuncias penales ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, las cuales aún "están en proceso". Es decir, no hay sanción.
Situación similar es la que se presenta en Sinaloa, en donde 7.2 por ciento de las 1,808 observaciones realizadas por la ASE entre 2010 y 2012 fueron solventadas. Fueron interpuestas 24 denuncias y a pesar del tiempo transcurrido, en todos los casos se reporta que la investigación "está en curso".
El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) de Veracruz sólo presentó datos completos de 2012, año en el cual se realizaron 7,412 observaciones de las que 103 quedaron sin solventar. No obstante, sólo se presentaron diez denuncias penales cuyas averiguaciones siguen "en proceso".
En el caso de Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFET), llama la atención que en 2012 ninguna de las 2,376 observaciones realizadas fueron solventadas por los organismos auditados y sólo derivó en ocho denuncias penales, que sí tuvieron resolución.
Baja California es aún de los estados en los que el Orfis no tiene facultades de sancionar, por lo que ni un caso existe de castigo a funcionarios que han incurrido en irregularidades.
De los estados analizados, Durango es el que más observaciones y denuncias registra por parte de la Entidad de la Auditoría Superior del Estado. Entre 2011 y 2013 sumaron 50,101 las irregularidades detectadas, de las cuales 38.7 por ciento quedaron sin solventar. En ese período se presentaron 568 denuncias, 40 sin resolución.
Además, se pudo detectar que en los casos revisados los encargados de auditar a estados y municipios han sido funcionarios de las administraciones estatales o están relacionados con ellas.
