Clave. Se especula que otras empresas contratistas del IMSS podrían correr la misma suerte al presentar irregularidades.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por casi cinco años a la empresa farmacéutica Savi Distribuciones, acusada de presentar un registro sanitario falso para obtener un contrato de 97 millones de pesos en la licitación consolidada de medicamentos del IMSS en 2014.
La sanción, impuesta por el Órgano Interno de Control en el IMSS, fue publicada hoy en el Diario Oficial de la Federación, y se extenderá durante cuatro años, once meses y 29 días, en los que al empresa no podrá obtener contratos financiados con recursos federales.
El año pasado, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios denunció penalmente la falsedad del registro sanitario del medicamento doxorubicina, presentado por Savi en la licitación, primer caso de este tipo del que se tiene noticia.
Savi respondió que el tema del registro sanitario no le corresponde a la empresa distribuidora, sino a los laboratorios, en este caso la firma Zurich Pharma, que en noviembre de 2013 le entregó una carta de respaldo en la que dijo ser titular del registro sanitario.
Zurich Pharma es una empresa mexicana constituida en 2004 que se especializa en medicamentos oncológicos, y que comercializa la doxorubicina bajo el nombre Zuclodox.
Pese a la defensa de Savi, el Órgano Interno en el IMSS impuso la sanción con base en el Artículo ocho de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, que permite inhabilitar hasta diez años a proveedores que presenten documentación o información falsa o alterada con el propósito de lograr un beneficio o ventaja.
Savi también sostuvo que el Órgano Interno tenía un conflicto de interés, luego de que se publicó el pasado 13 de noviembre que Óscar Arellano Pérez, extitular de la coordinación técnica de bienes del IMSS hasta febrero de 2013, ahora se desempeña como director comercial de la empresa Fármacos Especializados.
Esta última es competidora de Savi y es la principal proveedora de medicamentos de todo el sector salud.
Savi tiene más de 900 empleados y advirtió que la viabilidad de la empresa estaría en riesgo si es inhabilitada para contratar con el gobierno.
La sanción puede ser impugnada por vía administrativa ante la propia SFP, o judicialmente ante el Tribunal Fiscal o un juez de distrito, pero lo que será crucial para Savi es lograr una suspensión que deje sin efectos la inhabilitación mientras se revisa la legalidad del castigo.
