Oposición. La oposición en Venezuela rechaza el comunicado de su gobierno en donde señala que Felipe González es una persona non grata en su país.
España llamó ayer miércoles a consultas a su embajador en Venezuela tras las declaraciones del presidente Nicolás Maduro sobre un supuesto apoyo del país europeo a actividades terroristas, mientras Caracas anunció que prepara acciones en distintos órdenes para responder al gobierno español.
El el Congreso venezolano declaró persona no grata al expresidente español Felipe González y rechazó los pronunciamientos de legisladores de España, Colombia y Chile a favor de la liberación de dos opositores encarcelados.
El Ministerio de Exteriores español rechazó en un comunicado la "escalada de insultos, calumnias y amenazas dirigidas contra España y sus instituciones". El presidente venezolano había acusado el martes a su homólogo español Mariano Rajoy de apoyar a conspiradores nacionales y extranjeros que buscan derrocarlo. Maduro dijo que las élites españolas apoyan el terrorismo en Venezuela.
"Son especialmente intolerables las afirmaciones sobre un supuesto apoyo a actividades terroristas, que resultan particularmente ofensivas para un país como España que ha sufrido durante muchos años la lacra del terrorismo", añadió la cancillería.
España insistió en su deseo de mantener "las mejores relaciones posibles con el gobierno de Venezuela" y aseguró que iniciativas como la del Parlamento a favor de los opositores encarcelados son similares a las de otras instituciones latinoamericanas y europeas que han expresado su preocupación por la situación en Venezuela.
"España ha extralimitado el debido respeto a la República Bolivariana de Venezuela, su gobierno y su pueblo", afirmó ayer miércoles la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, al cuestionar al gobierno de Rajoy, y sostuvo que desde Madrid se respalda intentos de golpe de Estado.
Rodríguez, quien se encuentra de gira por los países árabes, indicó en su cuenta de Twitter que Maduro "nos ha instruido a tomar las acciones de distinto orden que correspondan", pero no ofreció detalles.
La llamada a consultas es el último capítulo de una serie de desencuentros diplomáticos entre Madrid y Caracas. Maduro retiró temporalmente a su embajador en España el año pasado y acusó al eje Madrid-Bogotá-Miami de intentar derrocarlo.
Rajoy eligió entonces el silencio y evitó responderle a Maduro, pero el gobierno español dio un giro a esa estrategia en las últimas semanas y se ha manifestado públicamente en defensa de algunos opositores venezolanos. El Parlamento, con el apoyo del gobernante Partido Popular y el opositor Partido Socialista, emitió una moción a favor de la libertad de Leopoldo López y el expresidente González (1982-1996) se sumó al equipo de abogados que defiende a López y al alcalde de Caracas Antonio Ledezma, ambos encarcelados.
El Congreso venezolano declaró el martes a González persona no grata por estos hechos. Durante la sesión los diputados oficialistas también rechazaron los recientes pronunciamientos de las autoridades de España y los senados de Colombia, España y Chile a favor de López y Ledezma por considerarlos injerencistas, precisó el diputado opositor Carlos Berrizbeitia.
González expresó que espera que el gobierno de Maduro no respalde la acción del congreso y lo declare persona no grata, lo que le impediría ingresar a Venezuela, y dijo a la emisora venezolana Unión Radio que tiene contemplado viajar a Caracas a mediados de mayo para visitar en la cárcel a López y Ledezma y acudir a sus juicios como asesor externo.
Detienen a funcionario en Venezuela
El vicepresidente del organismo estatal encargado de los puertos y dos inspectores navales fueron arrestados por su presunta responsabilidad en la compra irregular de tres barcos a compañías españolas, anunció la Fiscalía General.
La detención de los funcionarios coincide con las denuncias de corrupción que han difundido en las últimas semanas medios locales e internacionales, las que comprometen a exaltos funcionarios en hechos irregulares y en el manejo de cuentas millonarias en bancos extranjeros.
El vicepresidente de la compañía estatal Bolivariana de Puertos, Antonio González, y los inspectores navales Wilfredo Urbáez y Armando Larrazábal fueron arrestados entre el 17 y 18 de abril en diferentes zonas del país y permanecen detenidos en una de las sedes de la policía política en la capital, indicó el Ministerio Público en un comunicado difundido por las autoridades. Hasta el momento el gobierno no ha dado declaraciones sobre los hechos.
