Cree. El presidente fue contundente en cuanto a sus creencias sobre la seguridad.
El presidente Enrique Peña Nieto subrayó que es innegable que ha habido avances en el combate a la inseguridad en el país, que se reflejan en reducción de homicidios y extorsiones, pero -advirtió- "no estamos satisfechos con lo que hemos alcanzado".
El mandatario indicó que los mexicanos quieren un México de orden, de seguridad, en el que no haya corrupción y en el que no haya impunidad, es decir, que se sancione todo aquel que cometa un delito.
"Para eso estamos trabajando. Es una tarea inacabable, reconociendo que ha habido avances, no sólo de ahora, sino que sin duda el escenario que hoy tenemos es, quizá, mejor del que había hace algunas décadas, pero aún no estamos satisfechos", dijo.
Al inaugurar el Foro Nacional Equidad para las Víctimas en el debido Proceso, se comprometió a recoger las conclusiones que surjan de este encuentro, y de otro al que convocará el CIDE para elaborar iniciativas de ley a fin de mejorar el sistema de justicia del país.
Peña Nieto escuchó los planteamientos de los activistas Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí en torno a la necesidad de apuntalar al Poder Judicial y de privilegiar a las víctimas.
El mandatario subrayó que toda ley es perfectible y "no es letra última".
El presidente recordó que al inicio de esta Administración puntualizó que los objetivos prioritarios en materia de seguridad pública serían: reducir la violencia y trabajar para la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas.
"Si bien es cierto que hemos avanzado, hay que reconocer, y ustedes mismos lo han testimoniado desde la sociedad civil, ha habido avances en la disminución de varios de los delitos que, verdaderamente, asolaban a nuestro país, particularmente los homicidios, en donde de manera más significativa y sensible está habiendo una reducción de los mismos y que generaban, además, violencia.
"No es igual la reducción que hemos tenido, lamentablemente, en los secuestros, que ha sido una derivación que habido al combate y a la fragmentación, que deriva después de la captura de los grandes capos de distintas organizaciones criminales.
Una disminución, también sensible, en las extorsiones. Y a partir de instrumentar acciones específicas para evitar que, desde las prisiones, se cometa este tipo de delitos, especialmente el de las extorsiones, con inhibidores de telefonía o con aparatos inhibidores, que evitan que salgan señales o que salgan llamadas telefónicas desde los penales, en donde encontramos que es donde se comete mayor número de extorsiones", explicó.
Indicó que se ha convocado, de manera reiterada, a seguir trabajando y a hacer frente común.
"Porque alcanzar el México que todos queremos depende del esfuerzo compartido de gobiernos y de sociedad", afirmó.
Hasta hace unos años las víctimas del delito también eran víctimas de un marco jurídico inequitativo, que las marginaba y las limitaba en el ejercicio de sus derechos, dijo.
Después de sufrir la violencia de los criminales, a las víctimas se les trataba como meros espectadores del proceso de administración e impartición de justicia, apuntó.
"Paradójicamente, en el derecho penal, las víctimas ocupaban, y lamentablemente lo siguen ocupando muchas veces, un lugar secundario... cuando debían estar en el centro del sistema de justicia", indicó.
Dijo que era evidente lograr un equilibrio entre los derechos de los inculpados y los derechos de los agraviados. Era -asentó- indispensable proteger a quienes, habiendo sido lastimados, podían nuevamente ser revictimizados.
"Lamentablemente aún hay casos de personas que, con indignación e impotencia, se duelen de haber sido tres veces víctimas de un solo delito: por el acto criminal de los delincuentes. Después, lamentablemente, por la insensibilidad, algunas veces, de quienes tienen responsabilidad pública, son encargados de procurar justicia, por burocratismos interminables. Y una tercera falta: por la impunidad, porque no se castiga a los culpables y ni se repara el daño", señaló.
Subrayó que pocas cosas pueden ofender tanto a una persona, como el hecho de que después de aguantar la indiferencia de servidores públicos, las largas esperas y el abrumador papeleo, su agresor quede, lamentablemente, en libertad.
