La crisis financiera del Gobierno de Coahuila y el consiguiente endeudamiento en perjuicio de la planta productiva y del desarrollo económico del estado no tienen fin, lo que ocurre en perjuicio de la economía y de la calidad de vida del ciudadano común.
A la megadeuda reestructurada en noviembre de 2011 por treinta y cuatro mil millones de pesos, y sus respectivos cargos por financiamiento que aún no han sido cuantificados con claridad, se suma un nuevo empréstito de dos mil quinientos millones de pesos que se supone destinado al pago de proveedores, el cual se encuentra en trámite atorado por la desconfianza creciente de los bancos.
En efecto, el decreto aprobado por el Congreso el siete de octubre de dos mil catorce, que autorizó al gobierno de Rubén Moreira a contraer este nuevo adeudo, omite mencionar los nombres y montos relativos a los presuntos proveedores a cuyo pago se supuso destinado el importe del crédito, lo que hasta ahora ha provocado la negativa de los bancos a formalizar la operación y a entregar los recursos bajo tales condiciones de opacidad.
Los bancos condicionaron la entrega de los recursos, a que el Gobierno de Coahuila transparentara la lista de proveedores presuntos acreedores, y exigieron además que se comprobara la existencia de las obras cuya realización haya generado tales adeudos, lo que al final de cuentas resultó imposible porque como se sospechó desde un principio, ni los proveedores ni las cuentas por cobrar corresponden a la realidad.
A todo lo anterior se viene a sumar otra deuda más, que el gobierno pretende contraer en condiciones desconcertantes.
Se trata de la autorización para contraer un empréstito por la cantidad de trescientos millones de pesos, que el gobernador Rubén Moreira puso a la consideración del Congreso el día de ayer, aunque a última hora la mandó retirar del Pleno al menos por el momento, para que fuera enviada a estudio en la Comisión de Hacienda.
De acuerdo a la información disponible, el importe del crédito estará destinado a la construcción de un cuartel militar cerca de la ciudad de Piedras Negras, en la zona fronteriza con los Estados Unidos y según el dicho del Gobernador, el pago del crédito no afectará a las finanzas del Estado, porque su importe será cubierto con las cuotas cobradas en el Puente Internacional Piedras Negras II.
La información que antecede tiene como fuente al propio Gobierno de Coahuila, y ofrece más interrogantes que respuestas a la justa inquietud de los ciudadanos.
La primera pregunta atañe al porqué el Estado habrá de pagar el costo de un cuartel militar, cuando una inversión de tal naturaleza corresponde al Gobierno Federal; la segunda interrogante deriva de la afirmación del Gobernador según la cual el costo de la edificación del cuartel se cubrirá con las cuotas obtenidas del Puente Internacional de referencia y por tanto, si ni el destino del crédito ni la fuente de pago corresponden a la competencia del Estado, con mayor razón se hace inexplicable que el erario de Coahuila se endeude por ese concepto.
Esta iniciativa absurda de endeudamiento y su posterior freno en el momento previo a su discusión en el Pleno del Congreso, mueven a sospechar que se trate de una cortina de humo más, como las que suele tender el moreirato para distraernos de la ominosa realidad generada por su mal desempeño. Es otra cortina de humo o de plano, estamos en presencia de un gobierno agobiado por la falta de recursos y dando palos de ciego.
