El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, dijo que el debate sobre la despenalización de la marihuana es bienvenido y que deben ser escuchados tanto los pros como los contras y ser considerados los derechos humanos, así como las evidencias científicas.
En su participación durante un foro de discusión sobre la cannabis, destacó que la política actual de drogas "no ha dado los resultados que serían deseables", ya que el tema continúa centrado en la aplicación de la ley y en la persecución de actividades ilícitas, por lo que llamó a asumir un enfoque de salud pública para los consumidores, que sea independiente de las conductas delictivas; destacó que el debate debe ser abordado desde una perspectiva integral.
"Tal vez haya llegado el momento de discutir con toda honestidad y seriedad la pertinencia de cambiar el modelo cerrado y reactivo a uno basado en la protección del derecho a la salud, con abordajes realistas y sobre la base de información crítica", expresó el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Ante estudiantes y académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), González Pérez insistió en que el esquema actual que rige las drogas no ha resuelto los problemas de tratamiento de las adicciones ni disminuir de las capacidades del crimen organizado trasnacional.
SE REQUIERE PLANEACIÓN
"Lo óptimo sería contar con un marco legislativo, acompañado de políticas públicas, programas, estrategias y acciones relacionadas al crimen organizado, adicciones desde el enfoque de salud pública, lavado de dinero, corrupción y de combate a la impunidad", sostuvo el ombudsman.
Destacó que en las últimas dos décadas se ha desatendido la prevención de adicciones y en su lugar se ha privilegiado la información sobre el número de detenciones realizadas o las toneladas decomisadas, por lo que comentó que es necesario establecer políticas públicas "alejadas de las suposiciones" y centradas en el conocimiento científico.
Enfatizó que no se pueden entender las políticas de drogas sin considerar el marco internacional y los derechos humanos, resaltando la necesidad de políticas públicas.
