A iniciativa del PRD, la Cámara de Diputados analiza convocar a comparecer al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, para explicar la metodología para rediseñar el presupuesto del año próximo partiendo de base cero, en un ejercicio inédito en el país desde 1970 a la ruptura del llamado desarrollo estabilizador.
Las preguntas, entregado hace dos semanas un documento con los precriterios económicos, brotan en cascada: bajo qué criterio se realizarían los recortes; qué programas van a desaparecer, cómo se va compensar el impacto de cara a los afectados…
De acuerdo al documento el gobierno federal revisará cada uno de los 889 programas presupuestarios y cada rubro específico del presupuesto, incluyendo las unidades administrativas.
Como usted sabe, incierta la recuperación del precio internacional de la mezcla mexicana de petróleo, el Gobierno plantea un recorte de 135 mil millones de pesos, 11 mil más de los 124 de este año, lo que obliga a replantear el reparto del pastel.
Sin embargo, contra el deseo de desterrar la inercia tradicional, el margen de maniobra es mínimo, dados los compromisos adquiridos desde hace varios años, entre ellos el pago de los rescates bancarios y carreteros, el pago de las deudas interna y externa…
De acuerdo al Centro de Investigación Económica y Presupuestaria sólo el 5.29 por ciento del presupuesto es modificable en un año y el 21.71 hacia el mediano plazo.
El resto es inamovible.
Más allá de las exigencias de abonar deudas, existe un marco legal que garantiza la permanencia de partidas presupuestales al margen de los vaivenes sexenales.
Así, la Ley General de Educación exige otorgar al sector el equivalente al ocho por ciento del Producto Interno Bruto, y al menos otro uno por ciento para investigación científica y tecnológica, lo que por cierto no se ha cumplido.
Así, la Ley General de Salud obliga al gobierno federal a cubrir una cuota social por cada persona afiliada a las instancias públicas de salud, equivalente a un 3.92 por ciento del salario mínimo diario para el Distrito Federal.
Así, la Ley de Coordinación Fiscal señala las bases para la distribución a las entidades federativas y municipios de la recaudación fiscal participable, vía los ramos 28 y 33.
De acuerdo al propio Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el pago de la deuda pública y su costo financiero, la prestación de servicios públicos, la seguridad social y la coordinación fiscal se llevan el 73 por ciento del presupuesto.
La prestación de servicios públicos se lleva sólo el 17.24.
Y aunque uno de los rubros que podría ser modificado, de hecho el más recurrente, es el gasto de inversión, abusar de la tijera podría comprometer la posibilidad de desarrollo del país y golpear la competitividad.
De acuerdo a los criterios de la OCDE, destinar el 11.5 por ciento del presupuesto al efecto, resulta decepcionante.
En el caso de los programas sujetos a reglas de operación, la posibilidad de recorte podía provocar brotes sociales de descontento si no se busca una compensación.
El abanico oscila desde los subsidios al consumo de leche a través de Liconsa, hasta la edición, producción y distribución de libros del Fondo de Cultura Económica, pasando por el Fondo de Desastres Naturales; Seguro Popular, Fondo de Estabilización del Ingreso Petrolero; Prospera, Pensión para Adultos Mayores…
De acuerdo a las técnicas, bajo base cero las partidas deben justificarse año con año con base en su costo y beneficio, en un ejercicio conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Un rompecabezas con perfil de galimatías.
BALANCE GENERAL
Encendidos los focos rojos por el sospechosismo generado al fragor de los escándalos que apuntan a conflictos de interés entre contratistas del gobierno y funcionarios, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está convocando a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción a la firma de un protocolo que obligue a las partes a conducirse en un plano de ética.
El compromiso, en el papel, desterraría la exigencia de unos en materia de comisiones y la posibilidad de ofrecer sobornos por la contraparte.
El problema es que el ejercicio derive en una camisa de fuerza que impida el desahogo de las licitaciones públicas ante el temor de las partes de exhibición pública de incumplimiento.
Tan fácil que sería, simple y llanamente, aplicar las leyes en vigor.
NAUFRAGA OCEANOGRAFÍA
Aunque el juez de la causa, Felipe Consuelo Soto, acaba de dictar una resolución encaminada a darle oxígeno a Oceanografía para evitar que el concurso mercantil en que se ubica derive en quiebra, ésta parece inminente.
La contratista de Pemex arrastra una deuda de 14 mil 394 millones de pesos entre el fisco, arrendadoras de barcos, proveedores y pasivo laboral.
La empresa administrada por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes ha despedido a la mitad de su personal, concretamente cuatro mil 500 trabajadores.
El togado autorizó que los barcos al servicio de la empresa pudieran emplearse para apoyo en caso de nuevos contratos de la empresa productiva de Estado… quien los mantiene suspendidos.
Además, los navíos han sido reclamados por sus propietarios, y los propios están embargados.
La empresa sólo tiene vigentes contratos de mantenimiento de plataformas petroleras y petroductos submarinos.
OXÍGENO A GEO
Será la semana próxima cuando los inversionistas institucionales consultados por el conciliador del concurso mercantil de la desarrolladora de vivienda Geo, Thomas Heather, respondan si están dispuestos a capitalizarla.
El reclamo es de tres mil 500 millones de pesos.
La posibilidad habla de entregarles el 88 por ciento del capital, previo a la dilución de los accionistas actuales.
Los fondos tendrán derecho a participar en una nueva emisión accionaria.
CADENAS REGIONALES
Las señales indican que la reposición de la licitación de bandas de frecuencia para integrar una cadena nacional de televisión abierta, una vez oficializada la declaración de desierta de la primera, tendrán una drástica modificación en las bases.
Se apuntará ahora a ocho cadenas regionales.
El procedimiento será idéntico al plantearse un precio base de asignación de la concesión a cada una de ellas, entregándose las propuestas en sobres cerrados.
La exposición de motivos habla de impulsar el desarrollo segmentado del país en la materia, vía la participación de empresarios locales.
VUELA VOLARIS
Durante marzo pasado la línea aérea Volaris incrementó en 22.7 por ciento su número de pasajeros, alcanzando 882 mil, de los cuales 721 mil compraron asientos en vuelos nacionales y 166 mil en internacionales.
En los tres primeros meses del año el crecimiento ha sido de 16.2 por ciento, para llegar a dos millones 511 mil.
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