Encuentro. Advirtieron que tramitarán un recurso legal para evitar el pago de multas aplicadas.
La Organización Nacional para la Protección del Patrimonio Familiar (Onappafa) y otras agrupaciones, se reunieron con representantes del Gobierno de Coahuila y firmaron un acuerdo para solicitar una solución definitiva al problema de más de 200 autos de procedencia extranjera que circulaban en La Laguna y que fueron decomisados en pasados operativos de 2014 y que se han negado a entregar.
El presidente nacional de esta organización, José Guadalupe Barrios Núñez manifestó que en este mismo encuentro les advirtieron a los funcionarios que tramitarán ante la Secretaría de Hacienda y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) un recurso legal de revocación para evitar el pago de multas aplicadas por el Gobierno federal, para lo que habrán de recurrir a la Procuraduría de Defensa del Contribuyente (Prodecon).
En el caso de Onappafa, de sólo 12 vehículos decomisados en esos operativos, ya una gran parte de éstos han sido recuperados. Dijo que están dispuestos a "ir con todo" para defender el patrimonio familiar.
En este sentido, llamó a los afectados que correspondan a otras agrupaciones a que se acerquen y tramiten este recurso de revocación que será gestionado por la Onappafa ante la Prodecon para lo que se tuvo ya una entrevista con el delegado estatal, Rafael Ahumada, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en el Palacio Federal y les ofreció los requisitos para entablar este procedimiento.
En el encuentro estuvieron por el Gobierno de Coahuila, Miguel Ángel Vargas, administrador local de Fiscalización; Érik García Moreno, encargado de Comercio Exterior en La Laguna y Rogelio Ramos Sánchez, subsecretario de Asuntos Municipales del Gobierno de Coahuila.
Participación
Por parte de las organizaciones acudieron además los representantes de Onappafa en algunos municipios de La Laguna como de la región Lagunera, región Carbonífera y Monclova, y de otras agrupaciones como Alerta Patrimonio Lagunero, Fedappafa, UCD.
⇒ Otro de los planteamientos es que los ministerios públicos unifiquen criterios más flexibles para determinar si un automóvil de procedencia extranjera es retenido y que sean llevados a un espacio del Estado a manera de que no generen el pago de pensión diaria en corralones municipales.
