Solicita dinero. Barack Obama busca ubicar y acelerar las deportaciones principalmente de Centroamérica. (EFE)
El presidente Barack Obama ha pedido 1,000 millones de dólares para ayudar a reducir la inmigración ilegal desde tres países de Centroamérica. La propuesta es parte del plan de presupuesto de 4 billones de dólares del mandatario presentado ayer lunes al Congreso.
El gobierno propuso inicialmente el año pasado entregar ayuda financiera a Honduras, El Salvador y Guatemala, de donde salieron más de 51,000 niños que fueron detenidos al cruzar solos la frontera. Al mismo tiempo más de 69,000 que viajaban desde Centroamérica, en su mayoría madres jóvenes y niños, fueron arrestados en la frontera sur de Estados Unidos.
El aumento en la cantidad de niños que viajaban solos tomó por sorpresa al gobierno de Barack Obama pese a que desde hacía años aumentaba el número de menores que viajaban sin compañía en busca de atravesar la frontera.
La situación forzó al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Salud y Servicios Humanos a enfocar sus recursos a ese tema, ya que ambas agencias son responsables de atender a los menores que son detenidos cuando cruzan la frontera sin compañías.
Obama describió la situación como una crisis humanitaria a mediados del año pasado.
La Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos será la encargada de entregar al Congreso una estrategia para "atender los factores clave en países de Centroamérica" de donde han salido los niños inmigrantes, de acuerdo con el presupuesto para el Departamento de Estado propuesto por el presidente. La solicitud presupuestal indica que el dinero se usará para mejorar la seguridad en la frontera, así como para el desarrollo social y para mejorar el sistema de aplicación de la ley, así como los sistemas judiciales en esos países.
Parte de los recursos también se usaría para restaurar las instalaciones de repatriación para ayudar a procesar a los inmigrantes que son deportados de Estados Unidos.
La solicitud presupuestal del Departamento de Estado también incluye un fondo de 142 millones para ayudar a México a reforzar la seguridad en su frontera sur.
La solicitud presupuestal del Departamento de Estado también incluye un fondo de 142 millones para ayudar a México a reforzar la seguridad en su frontera sur.
Preparan protestas
Los defensores de los inmigrantes planeaban realizar ayer lunes una manifestación en protesta por la decisión del Congreso de Nuevo México de derogar la ley estatal de entrega de licencias de conducir.
El llamado "Día de acciones de movilización y protestas" se llevará a cabo a las afueras del congreso estatal.
La propuesta para derogar una ley de Nuevo México que permite a inmigrantes bajo sospecha de residir en Estados Unidos sin autorización pasó el primer filtro la semana pasada.
Tras una audiencia de más de una hora la comisión de seguridad y asuntos civiles de la Cámara de Representantes estatal votó a favor de aprobar la propuesta presentada por el partido republicano.
Un legislador demócrata comparó la derogación y la presentación de la ley federal de identificaciones con el Holocausto.
Suspende EU visas a venezolanos
Estados Unidos suspenderá las visas a un número no determinado de funcionarios venezolanos activos y retirados, acusados de violar derechos humanos e incurrir en actos de corrupción en su país.
La portavoz del Departamento de Estado Jen Psaki rehusó precisar la identidad y la cantidad de los sancionados, pero agregó que la medida afectará a sus parientes cercanos.
El Departamento de Estado suspendió en julio las visas a 24 funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos durante las protestas que dejaron 43 muertos a comienzos de 2014.
Los dos países no intercambian embajadores desde 2010.
Es la primera vez que Washington esgrime la lucha contra la corrupción para aplicar sanciones a funcionarios venezolanos, ya que tanto la suspensión de visas de julio como la ley firmada por el presidente Barack Obama en diciembre se enfocaron en violaciones a los derechos humanos. "El secretario de Estado también ha impuesto restricciones de visa a personas consideradas responsables por actos de corrupción con fondos públicos, la cual está contribuyendo al rápido deterioro de las condiciones económicas y sociales en Venezuela", agregó Psaki.
