Difícil. El acceso a la justicia por parte de los discapacitados es complicada, aseguran.
La senadora panista Pilar Ortega Martínez planteó la necesidad de impulsar medidas legales para garantizar el acceso a la justicia a las personas con discapacidad.
La legisladora reconoció que en el país se han establecido acciones, a fin de eliminar las barreras físicas que limitan la autonomía y el libre paso a distintas instalaciones para ese sector de la población.
Sin embargo, dijo, "así como es importante que las personas con esa condición disfruten del derecho de acceso a la educación, salud y trabajo, también es necesario que cuenten con los medios para realizar de forma eficaz cualquier trámite jurisdiccional y, en consecuencia, mejoren su calidad de vida y la de sus familias".
Precisó que en México 6.6 por ciento de la población tiene algún tipo de discapacidad, de los que dos millones 437 mil 397 personas tienen limitación para caminar o moverse, un millón 292 mil 201 para ver, 401 mil 534 para hablar o comunicarse y 498 mil 640 para escuchar.
Considerando esos datos, dijo, se deben facilitar los medios que garanticen la igualdad y el pleno ejercicio de todos sus derechos.
Ortega Martínez resaltó que los operadores del sistema de justicia tienen la capacidad de incidir para lograr mejoras en el goce efectivo de los derechos de ese sector.
Por ello propuso diversas reformas a los códigos Federal de Procedimientos Civiles, de Comercio y Fiscal de la Federación, así como a las leyes de Concursos Mercantiles, del Procedimiento de lo Contencioso Administrativo, Federal de Defensoría Pública, General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.
Con esas adecuaciones se busca que jueces, magistrados y ministros que sustancien cualquier asunto en el que intervengan personas con discapacidad realicen los ajustes razonables a los procedimientos.
Además, continuó, se pretende que ese sector de la población tenga derecho a contar con los medios tecnológicos o con un intérprete para que comprenda toda la información relativa al proceso de que se trate.
"De igual forma se establece que las personas con alguna limitación deberán recibir la asistencia necesaria que le permita un entendimiento cabal de todas y cada una de las actuaciones", dijo.
Confió en que la incorporación de esas modificaciones a los cuerpos normativos facilitará el acceso a la justicia de las personas que padecen alguna discapacidad.
