La eventual reducción al subsidio para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, obligará a la Secretaría de Gobernación a buscar otros esquemas "alternos" de financiamiento, señaló María de los Ángeles Fromow.
En entrevista, la secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema (Setec), dijo que se echaría mano del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP) y de otros fondos en materia de infraestructura estratégica.
"Sabemos de la situación económica que está viviendo el país, reconocemos que esta es una tarea prioritaria y que sin duda tendremos que ajustarnos al recurso que sea otorgado, en este caso lo proyectó la secretaría de Hacienda y que será discutido en la Cámara de Diputados.
"Trabajaremos como lo hemos venido haciendo, buscando esquemas de otros fondos que ayuden y coadyuven en la implementación del sistema. Habrá que buscar los esquemas, la manera de cómo hacer realidad este servicio, sumando esfuerzos", apuntó.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos 2016 prevé una disminución de más de 25 por ciento al subsidio para la implementación de la reforma constitucional penal aprobada en 2008.
El monto pasaría de los mil 9 millones 642 mil pesos que se aprobaron para 2015, a 713 millones 145 mil pesos el próximo año, a pesar de que en junio vence el plazo de ocho años para que el modelo de juicios orales entre en vigor en todo el país.
"Hemos trabajado con las entidades para buscar esquemas alternos y poder lograr con el mínimo indispensable la operación, teniendo ya en cuenta que estamos construyendo un plan estratégico de infraestructura y equipamiento.
"Que se podría construir ello en algunos años más; (hay que) tener en cuenta que la implementación no termina el 18 de junio de 2016, continuará fortaleciéndose, consolidándose, y tendrá que ir mejorando en los esquemas de operación", abundó.
Tras afirmar que no habrá prórroga en la implementación del nuevo sistema, Fromow indicó que el 75 por ciento del recurso deberá destinarse a la infraestructura y prácticamente el resto a equipamiento y tecnologías de la información.
"Falta mucho lógicamente por llevar a cabo, se están buscando temas alternos como arrendamientos (de espacios), pero la intención de todo el país, de las autoridades locales, de los poderes federales y locales, es que se cumpla el plazo constitucional", abundó.
