El Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en Torreón, admitió el juicio de amparo promovido por el senador panista Luis Fernando Salazar para evitar que el gobierno del estado contrate créditos por 2,500 millones de pesos.
El recurso legal se presentó contra el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, el Congreso del Estado y el secretario de Finanzas, Ismael Ramos, por la solicitud de un crédito para pagar a proveedores hecha el 6 de octubre de 2014 y aprobada un día después por los legisladores locales.
El juicio está en proceso. La audiencia incidental se realizará el 25 enero.
Salazar dijo ayer en rueda de prensa que "existe el temor fundado de que los recursos que se soliciten se vayan a la licuadora del despilfarro, el gasto corriente, la corrupción, el aumento de la nómina estatal e incluso para comprar conciencias y estómagos en las elecciones próximas, lo que no debemos permitir".
El senador promovió el juicio de amparo el 17 de octubre, bajo el número de expediente 1520/2014, que fue desechado, por lo que se inconformó. "En segunda instancia fue admitido, porque con ese crédito hay un agravio a los coahuilenses que cada día pagan los impuestos más caros del país", dijo.
Por su parte, el coordinador general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas, Juan Pablo Alvarado, indicó que la demanda "no está bien sustentada".
Asimismo se indicó que el Congreso del Estado autorizó "con todas sus facultades la contratación del crédito por la cantidad de 2,500 mdp, sin violar la Constitución Federal, ni la Ley de Deuda Pública del Estado de Coahuila".
