Estadística. En lo que va de la administración municipal se ha detenido a mil 759 menores infractores en Torreón. (ARCHIVO)
De 2014 a la fecha, se han registrado mil 759 menores infractores en Torreón, por lo que se busca la integración de la sociedad civil y de las instituciones de gobierno para frenar esta tendencia.
El Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP) se reunió con el Tribunal de Justicia Municipal y el DIF Torreón. Los empresarios acordaron sumarse al proyecto en distintas formas, una de las cuales podría ser la implementación de terapias psicológicas, tanto de manera particular como familiar.
Guillermo Covarrubias, director del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), manifestó que se busca sumar esfuerzos para atender la problemática en conjunto, de fondo, por lo que los empresarios analizarán la forma de colaborar.
"No queremos que el número siga creciendo, que se mantenga, que tenga una tendencia a la baja", comentó. Refirió que inciden en esto múltiples factores, no únicamente el desempleo o las familias desintegradas.
Al respecto, Jesús Jasso Fraire, presidente del Tribunal de Justicia Municipal en Torreón, expuso que se busca la sensibilización en este tema.
"Tuvimos una excelente respuesta, hubo preguntas dirigidas a la participación que ha tenido el Ayuntamiento relacionado con esto, y lo más importante, nos han externado que se suman a este proyecto, estarán analizando ellos de qué manera", comentó.
"No venimos a pedir dinero ni a obligarlos a que le entren al proyecto, simplemente es una invitación para que se integren de la manera que quieran", indicó.
Por su parte, Agustín Arellano Saucedo, presidente del CLIP, explicó que si a los menores infractores no se les encauza adecuadamente, esto puede implicar un problema a futuro.
"Por medio de todos los organismos vamos a tratar de tener pláticas, ir encauzando a estos muchachos al bien", dijo.
Por lo pronto, autoridades municipales señalaron que se trabaja en la generación de datos que contribuyan a la elaboración de un diagnóstico que sirva como referente para la realización de políticas públicas, a través de las cuales se podrá prevenir el problema de los menores infractores.
