Buscarán nuevas pruebas de ADN

Las posibilidades de identificar 16 restos calcinados que podrían corresponder a estudiantes desaparecidos en el sur de México en septiembre se redujeron después de que forenses de Austria no hallaran material genético suficiente para analizarlo bajo métodos rutinarios.

Por ello, los expertos del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck utilizarán una técnica que consideran más prometedora, si bien implica el riesgo de que "los extractos de ADN sean consumidos sin obtener ningún resultado adicional".

La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) informó ayer en un comunicado que había accedido a la utilización de la nueva técnica, cuyos resultados podrían tardar al menos tres meses.

Los métodos rutinarios de análisis de ADN no pudieron emplearse debido al calor excesivo al que fueron sometidos los restos, incinerados por integrantes del cártel Guerreros Unidos, según el testimonio de tres miembros de esta organización detenidos.

Así, los forenses recurrirán a la Secuenciación Masivamente Paralela (MPS, por sus siglas en inglés) para identificar los 16 restos que la fiscalía rescató de un basurero de Cocula, donde los delincuentes afirman que asesinaron y quemaron a los 43 estudiantes desaparecidos hace casi cuatro meses en Iguala.

La Secuenciación tiene especificaciones técnicas "más prometedoras que cualquier otro método de identificación genética molecular existente", indicaron los expertos en un informe entregado a la Procuraduría, en el que también advirtieron del riesgo de esta técnica.

"Estamos hablando de que (con este método) no quedaría prácticamente nada, eso va a impactar en las víctimas", dijo el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, tras conocer por los medios de comunicación la información divulgada por la PGR.

"No se nos notificó nada al respecto", lamentó el letrado tras recordar que el Gobierno se había comprometido a informar primero a los familiares de los avances de la investigación sobre el caso.

Esta información "impacta en los familiares de los desaparecidos", apuntó Rosales, quien consideró "una falta más de la PGR" contra las víctimas.

Según la versión oficial, el pasado 26 de septiembre policías locales atacaron a tiros a los estudiantes por órdenes del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, para evitar que interrumpieran un mitin de su esposa, María de los Ángeles Pineda, y causaron la muerte de seis personas y heridas a otras 25.

Además, los policías capturaron a 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y los entregaron a miembros de Guerreros Unidos, quienes presuntamente los asesinaron e incineraron en un basurero de Cocula, una versión en la que no creen los familiares.

Hasta ahora sólo uno de los estudiantes desaparecidos ha sido identificado a partir de los restos calcinados enviados por el Gobierno mexicano para su análisis en el instituto austriaco.

El gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, dijo ayer martes que la desaparición de los alumnos de la Normal de Ayotzinapa fue "el detonante de una crisis política y social que se venía gestando en el interior de las instituciones", no sólo de ese estado sino del país, por la penetración del crimen organizado.

"Lo que he intentado en estos ya casi tres meses (al frente del Gobierno) es atenuar el conflicto y lo hemos logrado parcialmente", dijo a Radio Fórmula al destacar que ya no son miles, "ni siquiera cientos", los que participan en las manifestaciones.

Sobre los hechos de violencia registrados en el marco de las protestas, como el ataque a edificios oficiales y la quema de vehículos, Ortega señaló que detrás de ellos están anarquistas procedentes de Oaxaca y la capital de México.

Son "personas externas (...) que aprovechan el sentimiento, el reclamo de los familiares de los muchachos desaparecidos para realizar acciones vandálicas, de violencia simbólica, en contra de las instituciones", apuntó.

"Están en plena desesperación, pero esto lo vamos a contener", prometió Ortega, quien asumió las riendas de Guerrero después de que el político del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) Ángel Aguirre renunciara como gobernador en medio de una ola de protestas por la desaparición de los estudiantes.

 HACER LO NECESARIO

El titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam, informó que la dependencia a su cargo autorizó al Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck hacer todo lo que sea necesario para obtener pruebas en los restos hallados en Cocula, Guerrero.

Murillo Karam afirmó lo anterior luego de la inauguración del Foro Nacional de Equidad para las Víctimas en el Debido Proceso, organizado por asociaciones de la sociedad civil y encabezado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

El procurador explicó que la universidad de Innsbruck envió una carta a la PGR donde afirmaba que ya se agotó el procedimiento de carbono y pedía autorización para someter a otro procedimiento las muestras que le quedan.

La autorización de la procuraduría, dijo, es necesaria porque es posible que en el nuevo procedimiento para obtener mayor información, pudiera desaparecer una parte importante de evidencia. "Pero si la evidencia no nos da pruebas, realmente no es evidencia, entonces ya autorizamos a que se haga todo lo que sea necesario", afirmó.

Asimismo rechazó que el anuncio de la universidad debilite la investigación, al contrario, dijo, la fortalece.

En ese sentido recordó que una muestra ya fue corroborada. "Desde el principio se dijo que era muy difícil, por el grado de calcinación, que pudieran corroborarse todas las pruebas, el hecho de que se haya corroborado una es una comprobación plena de que ahí uno de los estudiantes fue asesinado".

Impiden bloqueo de la CETEG

Elementos de la Gendarmería impidieron que miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), cubiertos del rostro y portando palos, bloquearan la avenida Cuauhtémoc e irrumpieran en la terminal de autobuses de la línea Estrella de Oro.

De acuerdo con una tarjeta informativa de la Policía Federal, se dio a conocer que aproximadamente a las 12:00 horas, se recibió un llamado, donde se reportaba que un grupo aproximado de 60 individuos, con el rostro cubierto y armados con palos, tubos, se concentró en la avenida Cuauhtémoc.

Los inconformes intentaban realizar un bloqueo y amenazaban con ingresar a la terminal de autobuses de la línea Estrella de Oro.

Ante esta amenaza, alrededor de 120 elementos de la Gendarmería se movilizaron y acudieron en apoyo hacia la avenida Cuauhtémoc, donde entablaron un diálogo con el grupo de manifestantes que traían cubierto el rostro.

Las personas movilizadas dijeron pertenecer a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero, (CETEG) y pretendían bloquear la avenida Cuauhtémoc, a la altura del palacio municipal.

Debido a la presencia de la autoridad y luego de un diálogo, los manifestantes aceptaron replegarse y retirarse a su campamento.

Por otra parte, Bertoldo Martínez Cruz, líder del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero, informó, en entrevista, que en la caseta de la Autopista del Sol, a la altura de Palo Blanco, un chofer del autobús de la Estrella de Oro con el número económico 1563 atropelló a un maestro.

Los maestros de la CETEG y de otras organizaciones sociales siguieron hasta el puerto de Acapulco y a la terminal de autobuses al responsable del accidente para que pagara los daños y por eso tomaron por hora y media las instalaciones de la Estrella de Oro.