Al menos 281 mil personas en México son víctimas de desplazamiento interno forzado, sin embargo, la cifra podría llegar hasta 1.6 millones, según una investigación de Laura Rubio, profesora-investigadora del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
La académica presentó en el Senado el libro "Desplazamiento interno inducido por la violencia: una experiencia global, una realidad mexicana", donde explicó que calculó la cifra de al menos 281 mil personas desplazadas con base en distintas encuestas, trabajo cualitativo y monitoreo de prensa de desplazamientos masivos.
No obstante, advirtió que si se toman en cuenta los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), el número de desplazados podría ser de hasta 1.6 millones de personas, tomando en cuenta que 1.3 por ciento de los hogares encuestados podría estar experimentando este flagelo.
"Para mí es catastrófico, pero más grave aún son los desplazamientos que no podemos registrar, me parece que el mayor número de personas que huyen de la violencia son personas que huyen gota a gota, sin avisar, sin decirle a nadie y que por tanto es casi imposible de detectar", expuso.
A la presentación acudió la señora Esperanza Hernández, quien se reconoce como desplazada de la comunidad de Ocurahui, Municipio de Sinaloa de Leyva, y es representante de las 600 familias desplazadas de la zona.
Hernández relató que estas familias, quienes se negaron a participar en las actividades de la delincuencia organizada, llevan tres años viviendo fuera de sus comunidades, sin que ninguna autoridad, sea municipal, estatal o federal, les haya dado una respuesta.
"Fue en 2012, el 12 de enero cuando ya no fue posible soportar todo el miedo, el terror que estábamos viviendo. Hubo tantos asesinatos que las autoridades no llegaban hasta allá a levantar los cuerpos ni a dar testimonio de lo que pasaba. Se hizo una tarea de nosotras las mujeres de recoger los cadáveres", contó.
"Estábamos enfermos de los nervios, de no dormir por las noches, no sabíamos a quién le iba a tocar esa noche que lo sacaran de su casa, lo desaparecieran o simplemente apareciera muerto al otro día. El día 12 amaneció muerta una familia entera en mi comunidad. Tomamos la decisión de salvar, no nuestras pertenencias, sino nuestras vidas. Huimos hasta Guamúchil, Culiacán, Mochis, donde teníamos familiares o amigos, otros en Badiraguato, donde se encontraba una base militar".
La mujer dijo que en un principio, las familias pensaban que el desplazamiento sería temporal, pero poco a poco se fue extendiendo el desalojo, hasta afectar a 600 familias de 40 comunidades ubicadas en esta zona de la Sierra Madre Occidental, cuyas tierras en las que sembraban membrillo, durazno y nopales ahora se usan para cultivar marihuana.
Actualmente, relató Hernández, viven tres o cuatro familias juntas en diferentes ciudades de Sinaloa para sobrellevar los gastos, sin empleo, en condiciones de pobreza, sin que los niños puedan ir a la escuela; otros viven en casas abandonadas sin servicios, teniendo que soportar temperaturas de hasta 43 grados centígrados, a las que no estaban acostumbrados en la sierra.
"Quisiera con mis palabras transmitirles todo el dolor, el sufrimiento, la desesperación, la rabia, la impotencia, la incertidumbre de las familias que hemos sido desplazadas. No es sólo la pérdida de nuestras viviendas, tierras, ganados y huertos con los que sobrevivíamos, es la pérdida de un ser querido, la seguridad que nos daba vivir en nuestra tierra, en nuestras costumbres, la estabilidad moral, económica y social que teníamos y que hemos perdido; la confianza en todo y en todos, porque vivimos con miedo y temor, porque no sabemos de quién cuidarnos.
"Para nosotros ha sido algo también tan doloroso perder el derecho de ir a visitar a nuestros difuntos, de llevarles una flor, porque ni eso tenemos permitido", lamentó.
Esperanza pidió la ayuda de los legisladores presentes, Gabriela Cuevas y Zoé Robledo, y manifestó que su deseo es regresar a su comunidad.
