ENTRADA.- Vivimos tiempos de cambio, aunque para nuestra desgracia, muchos de ellos han sido más para mal que para bien.
Cumpliendo con el viejo adagio de que "Quien con leche se quema hasta al jocoque le sopla", nuestros poderes legislativos se han dedica a legislar con verdadero frenesí en relación a la transparencia, el rendimiento de cuentas, el proceso electoral, el derecho a la información, los derechos humanos y la corrupción.
Lo hemos dicho ya con anterioridad en diversa colaboraciones, en México por leyes no ha quedado, veamos: tenemos más de 370 leyes federales e igual o más número de reglamentos; todas las entidades federativas se manejan con aproximadamente 3,000 leyes con sus respectivos reglamentos. A esto deberemos agregar las normas y reglamentos de los más de 2,200 municipios, lo que sumarían conservadoramente 110,000 normas jurídicas adicionales.
SOPA.- No conforme con este enorme cúmulo de normas, existen además las ejecutorias firmes de jurisprudencia que emiten la Suprema Corte de Justicia y los tribunales de justicia autónoma.
Como se podrá ver, por leyes no ha quedado. Lo que sucede es que no se cumplen. Los gobiernos a sus tres niveles se niegan sistemáticamente a cumplirlas y menos a hacerlas cumplir. Es de ahí el origen y arranque de todos nuestros problemas de gobernabilidad y corrupción durante nuestra larga historia como país.
Ahora bien, con motivo de las próximas elecciones ha surgido nuevamente el tema sobre las declaraciones patrimoniales de los candidatos y de los funcionarios a sus tres niveles, tanto locales, municipales o federales.
PLATO FUERTE.- En cualquier país medianamente civilizado el que los funcionarios presenten su declaración patrimonial es cosa común y corriente. Se trata de un elemental concepto de ética y moral pública que deben cumplir los gobernantes quienes son, en última instancia, personal contratado por nosotros los ciudadanos y quienes además les pagamos su salario.
Es un principio de moral pública y decencia republicana, que quienes manejan las decisiones que a todos nos afectan y los dineros que son también de nosotros, nos deberán entregar por lo menos, un listado de su patrimonio debidamente valorado que se pueda hacer público para el conocimiento de todos. Ahora bien, si eso no les parece correcto o conveniente a funcionarios o candidatos, pues que no aspiren a ser funcionarios públicos ni candidatos tampoco.
La función pública conlleva el que la vida privada se convierta en pública y que el patrimonio personal y privado también se eleve a categoría de público.
Solamente aquel que tenga que algo que ocultar por indebido o un patrimonio adquirido de manera ilegal, podría oponerse a la publicación de su patrimonio. Solamente aquel que haya defraudado al fisco podría tener temor de que patrimonio fuera expuesto al escrutinio público. Como dice el dicho: solamente el que tiene cola que le pisen, se opondría a presentar su declaración patrimonial.
Al margen de este punto, existen otros dos que ponen de manera manifiesta el ínfimo grado de civilidad que aún tenemos en México. La Ley electoral exige que los candidatos presenten un currículo personal en donde narren de manera sucinta su personal historial, experiencia laboral, cargos desempeñados y nivel académica. Hasta en los países más atrasados para solicitar un trabajo el empleador (ahora nosotros) exige un formato de laboral y un currículo al solicitante de la chamba. Pero ahora se dio el caso que de los más de 3,000 candidatos postulados para las próximas elecciones, únicamente un 5 % presentó un currículo.
De esta manera la población está siendo obligada a votar, en la mayoría de los casos, por verdaderos desconocidos de quienes nadie sabe sus méritos académicos o experiencia laboral. ¡Pego mi foto en un poste y ya soy candidato!
Pero esta ausencia de currículos exhibe y pone de manifiesto algo mucho más lamentable: los candidatos parece que no tienen, en su gran mayoría, nada que mostrar. Su currículo abarca tres hechos: fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y el día que abandonaron la secundaria. Hasta aquí.
Pero aún más. Los partidos están solicitando que sus candidatos sean investigados por la Procuraduría General de la República. ¿Qué no saben los dirigentes de los partidos quiénes son los tipos que postulan? ¿Qué no saben de dónde vinieron, qué han hecho en su comunidad, cuál es el origen de sus fortunas? ¿Qué los paridos están postulando sujetos de dudosa reputación al grado de verse en la necesidad de solicitar a la PGR los investigue?
POSTRE.- En algún momento un intelectual mexicano aseveró que si Franz Kafka hubiera nacido en México, sería un escritor costumbrista... se quedó corto.
