En la colaboración anterior mencionamos que la colonización humana del planeta ha desplazado a las otras especies que ocupan los espacios físicos donde ocurre, y que para acotar la acción depredadora de nuestra especie se han establecido estrategias que permitan conservarlas, siendo una de ellas la declaratoria de espacios protegidos; sin embargo, a pesar de estas medidas dichas áreas están continuamente amenazadas provocando la alteración de las funciones ecológicas de los ecosistemas naturales y la pérdida de la biodiversidad albergada en ellos.
También señalamos que la fragmentación y pérdida de hábitat es una de las consecuencias derivadas de la presencia humana que, tanto fuera como dentro de los espacios protegidos, constituye una de las causas principales de la pérdida de biodiversidad, tal es el caso de lo que está actualmente ocurriendo en el Parque Estatal Cañón de Fernández, un área relativamente pequeña de 17,830 hectáreas localizada dentro de la Comarca Lagunera.
Este Parque fue declarado espacio protegido en 2004 por el Congreso del Estado de Durango con base al Estudio Técnico Justificativo que determinó su importancia biológica al albergar 751 especies de fauna y flora silvestre; ese mismo año con apoyo de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Durango (Srnyma) se elaboró su Plan de Manejo, y en 2005 su administración le fue transferida a Prodefensa del Nazas, asociación civil integrada por ciudadanos comprometidos con la conservación. En 2008 fue declarado Sitio Ramsar por ser un humedal importante a nivel internacional, el de mayor relevancia no sólo en la región sino en el ámbito de la Cuenca Nazas-Aguanaval.
Esta área ha estado sujeta a continuas amenazas: cazadores furtivos, visitantes irresponsables que destrozan o extraen su vegetación y tiran basura, pescadores que utilizan redes estrechas, motociclistas que la utilizan como corredor, concesionarios de la franja federal que eliminan la vegetación ribereña nativa sustituyéndola por cultivos o edificando construcciones, entre otras. A partir de su declaratoria y en un esfuerzo conjunto realizado por ProdeNazas, la Srnyma, el municipio de Lerdo y otras oficinas de gobierno, se han venido regulando estas acciones con resultados, si bien no plenamente satisfactorios, si suficientes para continuar asegurando su conservación.
Pero una de las mayores amenazas que ahora enfrenta es la tenaz persistencia de un concesionario que levantó construcciones recreativas (alberca y cabañas) y productivas (plantaciones comerciales) en una superficie de la franja federal sin autorización de cambio de uso de suelo, motivo por el cual ProdeNazas presentó en agosto pasado una denuncia ante la Procuraduría Federal del Ambiente, no sin antes dialogar en vano con él señalándole lo indebido de sus acciones. Apenas hace un mes esta dependencia aplicó una sanción, pero continúan sus edificaciones.
De igual manera, ProdeNazas denunció esta irregularidad ante la Comisión Nacional del Agua (CNA), debido a que violaba los términos de la concesión de la franja federal que le fue concedida, la cual, lamentablemente ha hecho caso omiso. Sin embargo, en vez de entender que sus acciones fragmentaban el hábitat y afectaban la flora al eliminar plantas nativas e interrumpir los corredores de fauna, decide constituir, conjuntamente con algunos otros concesionarios y lugareños, otra asociación civil a la que denomina EcoCañón, con la cual se presenta públicamente con propuestas de manejo del área, ofreciendo recursos con el mismo dispendio con que los reparte entre la población de las comunidades ubicadas dentro del polígono del Parque Estatal.
Pareciera suponerse que su oferta es aceptable al proponer mejoras para el manejo del área, pero no considera previamente enmendar las violaciones sistemáticas que ha cometido a la legislación ambiental y la reglamentación que la rigen, aunado a que tales propuestas no son precisamente las prioridades de conservación de este espacio protegido, como supone al pretender realizar control de plagas como si un reservorio natural se rigiera con los mismos protocolos de manejo de plagas agrícolas, quizá la asesoría técnica que contrato es para cultivos y no para un área destinada a conservar la vida silvestre.
Esta es, quizá, la diferencia más importante que surge entre la visión de quienes conformamos ProdeNazas con los que integran Ecocañón: para los primeros, las 17,830 hectáreas constituyen un reservorio natural que permita proteger y conservar los ecosistemas naturales (que se encuentran en un estado casi similar a su condición original) y la biodiversidad que albergan, es un espacio donde sea posible conservar la vida silvestre en una relación armónica con los pobladores del área, o sea los habitantes de las comunidades rurales, mientras que para los segundos parece privar la idea de transferir el concepto de finca urbana (cabañas, alberca, cultivos) con fines recreativos a un espacio rural que presenta una belleza escénica inigualable en la región, sin importar las alteraciones al entorno natural que provoquen sus acciones.
Finalmente esta última ya se tiene en las ciudades en fraccionamientos privados o en sus periferias, pero la tenacidad basada en el desconocimiento y el deseo o interés particular por ganar ese espacio público donde existe un importante capital natural de los laguneros, nos obliga a seguir persuadiendo a los integrantes de EcoCañón a desistirse de su inapropiada pretensión, puesto que si ésta fuese encuadrada dentro de un concepto o visión de sustentabilidad, empezarían por corregir las violaciones que han realizado, de otra forma su discurso cae por su propio peso.
