Cuando Félix Vargas leyó el informe del Departamento de Justicia sobre Ferguson, Missouri, le sonó familiar: una fuerza policial mayoritariamente blanca en una población mayoritariamente negra; empleo injustificado de la fuerza; agentes no capacitados para tratar con enfermos mentales.
Para Vargas se trataba de los mismos problemas que enfrenta su comunidad hispana en la ciudad agraria de Pasco, Washington, donde la Policía mató a tiros a un trabajador agrícola inmigrante el mes pasado.
"Sabemos que Pasco es apenas el lugar más reciente donde esto ha sucedido", dijo Vargas, presidente de una organización de empresarios hispanos llamada Consejo Latino. "Tenemos un problema nacional. Seguimos enfrentando este problema de la Policía".
Ferguson se ha convertido en el emblema de las tensiones entre las minorías étnicas y los departamentos de Policía desde que Darren Wilson, un agente blanco, mató a tiros a Michael Brown, un joven negro de 18 años y desarmado, a mediados del año pasado.
El Departamento de Justicia absolvió a Wilson, pero en su informe la semana pasada formuló varias denuncias contra la Policía local, tales como disparidad racial en los arrestos, prejuicios y acción policial impulsada por motivos económicos: concretamente utilizar la comunidad negra como alcancía para reformar el presupuesto municipal por medio de multas.
Aunque el informe se enfocó en Ferguson, sus conclusiones han repercutido mucho más allá de los suburbios de St. Louis a medida que comunidades en todo el país dicen que enfrentan los mismos problemas con sus policías y alcaldías.
El presidente Barack Obama habló de esto el viernes, en vísperas del 50 aniversario del "Domingo Sangriento" cuando la Policía golpeó a decenas de personas en una marcha por los derechos civiles en Selma, Alabama. Lo sucedido en Ferguson no es un hecho típico, pero tampoco es un hecho aislado, dijo Obama.
Tenía MIchael Brown el joven que asesinaron.
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