España vivió ayer una nueva jornada de tensión política como consecuencia del desafío independentista de Cataluña, jornada que augura una escalada en el enfrentamiento entre el gobierno catalán que mantiene su postura de seguir su plan secesionista y el gobierno español que busca bloquearlo.
El pleno del Tribunal Constitucional (TC) español suspendió con carácter provisional e inmediato la resolución secesionista aprobada el lunes pasado por el Parlamento catalán.
El TC decidió por unanimidad admitir a trámite la impugnación que el gobierno del jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, había presentado ese mismo día contra la resolución de independencia catalana, por lo que automáticamente dicha resolución quedó paralizada.
El TC también advirtió a la Mesa de la Cámara catalana, al secretario y a los miembros del gobierno de Artur Mas en funciones de que deben cumplir la decisión, de lo contrario, podrían incurrir en responsabilidades penales.
Pero la vicepresidenta del gobierno catalán, Neus Munté, declaró ayer mismo que el Ejecutivo sigue considerando válido el texto, que en su contenido ya explicita la desobediencia al Constitucional: "la voluntad política es tirar adelante el mandato del Parlamento y la resolución aprobada el lunes".
