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Cataluña se va por la libre pese a freno

LA REGIóN REPRESENTA UNA QUINTA PARTE DE LA ECONOMíA ESPAñOLA

Firmeza. El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, dijo que el gobierno actuará con firmeza ante resolución.

Firmeza. El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, dijo que el gobierno actuará con firmeza ante resolución.

AP

El Tribunal Constitucional de España frenó ayer miércoles un intento por parte de los legisladores separatistas catalanes de trazar un camino hacia la independencia de la región en 2017.

El decreto vino horas después de que el presidente de gobierno, Mariano Rajoy, impugnara legalmente el intento de secesión y acusara a los separatistas de conspirar para destruir siglos de unidad española.

La decisión unánime del tribunal de aceptar revisar el alegato del gobierno español suspende una resolución aprobada el lunes por el parlamento de Cataluña en Barcelona, que autorizaba comenzar a trabajar en una Constitución catalana y establecer sistemas de recolección fiscal y seguridad.

En un comunicado, la corte advirtió a los políticos catalanes que podrían enfrentar cargos criminales si desafían la decisión.

Poco después de que las autoridades legales del gobierno presentaran su recurso, Rajoy criticó la resolución catalana de independencia, a la que calificó como un ataque a la soberanía y democracia de España.

La resolución del parlamento de Cataluña también eximía al gobierno regional de ser obligado a acatar a las instituciones españolas, incluido el Tribunal Constitucional, lo que prepara el terreno para una colisión legal entre los separatistas y el gobierno español en caso de que los primeros intenten dar más pasos hacia la independencia.

El gobierno español impugnará legalmente el intento de secesión separatista”. — MARIANO RAJOY Presidente del G. Españolr
La decisión del lunes fue promovida por una alianza que suman 72 de las 135 bancas del

parlamento”. — ELENA ÍÑIGO Especialistar

Los funcionarios públicos que se rehúsen a cumplir con el fallo de la corte podrían enfrentar cargos de desobediencia, que conllevan una sanción de suspensión del cargo hasta por dos años y fuertes multas, comentó Elena Íñigo, profesora de ley penal en la facultad de leyes de la Universidad de Navarra.

La resolución del lunes fue promovida por la alianza proindependentista Juntos por el Sí y el grupo CUP de izquierda, que suman 72 de las 135 bancas del parlamento regional tras las elecciones de septiembre.

Los dos grupos conversan para formar nuevo gobierno y llevar adelante el proceso independentista, pero disienten en quién debería ser el presidente regional. Las encuestas indican que la mayoría de los catalanes apoyan un plebiscito sobre independencia, pero están divididos en cuanto a la independencia en sí.

La región de 7.5 millones de habitantes representa una quinta parte de la producción económica española.

Además, Cataluña vive un momento de incertidumbre política después de las elecciones regionales del pasado 27 de septiembre, porque Mas no consiguió ayer apoyos para ser presidente catalán, ni siquiera de sus aliados en el proceso independentista, la CUP.

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