En 1993 la Organización de las Naciones Unidas declaró el 22 de marzo como Día Mundial del Agua, ante la preocupación que surge por la deficiente gestión que se ha realizado sobre este recurso en la mayor parte de los países del orbe y la consecuente presión humana que se ejerce sobre los cuerpos de agua dulce disponibles. El próximo domingo se cumplen 22 años de esta declaratoria y tal perece que son mayores lo retos que debemos enfrentar para mejorar esa gestión que las celebraciones que hagamos al respecto.
Posteriormente a esa fecha, diversas instancias de la ONU han emitido varias declaraciones adicionales centradas en definir la disposición de agua para uso personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible como un derecho humano; algunas de ellas son: la Observación General No.15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2002), la Resolución 16/2 del Consejo de Derechos Humanos (2008) y la Resolución A/RES/64/292 (2010).
También la Organización Mundial de la Salud publicó el documento "El derecho al agua" (2005), en el que recomienda que cada persona tenga acceso gratuito a un volumen de 50 a 100 litros de agua por persona diarios, el mínimo para satisfacer sus necesidades humanas básicas. En algunos países como Sudáfrica se aplicaron contabilizadores de agua que provocaron litigios por la cantidad que debe disponer cada persona, donde los tribunales establecieron que serían 25 litros.
Tales disposiciones internacionales han sido incorporadas en el artículo 4º de nuestra Constitución Política y la propia Ley de Aguas Nacionales establece un orden de prelación en el que el suministro de agua debe priorizar el uso doméstico sobre cualesquier otro; aunado a esto, se ha planteado el concepto de Nueva Cultura del Agua en el que se señala que la asignación del recurso debe satisfacer primero la demanda doméstica de la población y el ambiente (agua-vida), y posteriormente otros usos.
La cuestión es que en México se norma y declara por los responsables de aplicar las normas, los legisladores y gobernantes, su adhesión a tales lineamientos internacionales pero en la realidad ocurre otra cosa. Es el caso de nuestra Comarca Lagunera, donde de las dos fuentes disponibles de agua sólo un mínimo porcentaje, alrededor del 5 %, de la oferta global de agua dulce disponible se destina a satisfacer las necesidades de la población, y si bien esa oferta atiende una cobertura de 95 % para usos doméstico-urbanos, ésta sólo corresponde a agua entubada y no potable.
El agua superficial que se almacena en las presas, con una disponibilidad variable según lo que se capte en ellas cada año (sobre la base de un promedio histórico de alrededor de 1,200 mm3 en las principales del Río Nazas) está concesionada a uso agropecuario, mientras que el agua subterránea disponible en los ocho acuíferos ubicados en los municipios de la Comarca Lagunera, casi el 90 % se destina al mismo uso, aclarando que este último volumen corresponde al que se extrae y no al disponible con base a la recarga anual que sufren dichos acuíferos, ya que la mayor parte de ellos se encuentran sobreexplotados, y algunos también contaminados.
Tal parece que en La Laguna tenemos grandísimos retos que resolver para remontar una brecha hídrica desfavorable (es decir, demandamos mayores volúmenes de agua que los disponibles como oferta real), donde al no cumplir con las declaratorias internacionales y el mandato constitucional, tendremos, inevitablemente, que cambiar el patrón de uso, ya que los volúmenes de aguas superficiales disponibles nos muestran una variabilidad sujeta a los cambios climáticos con el consecuente impacto en las actividades agropecuarias al reducirse las superficies de cultivo y la tensión que surge cuando se reducen.
Con respecto a las aguas subterráneas debemos apostarle, en una primera etapa, a reducir los volúmenes extraídos de los acuíferos a los volúmenes concesionados, particularmente del más grande ellos, el llamado Granular Principal, que nos abastece a la mayor parte de la población y la economía regional (algo que se lograría si se aplica una medición confiable con medidores telemétricos), y en una segunda, a reducir las extracciones por debajo de los niveles de recarga (estos últimos actualmente estimados en 500 mm3), que permita asegurar reservas de agua para el futuro de nuestra región. No hacerlo así es asumir una postura irresponsable, de parte del gobierno y los usuarios, en perjuicio de los ciudadanos que habitamos en ella.
Los laguneros hemos visto con desatino que la concentración monopólica de las concesiones de agua por un grupo selecto de grandes usuarios constituye una traba para aplicar las regulaciones que permitirían desarrollar un programa de manejo sustentable de nuestros recursos hídricos, su oposición a aplicar una estrategia de reducción de las extracciones que provocan el desbalance hidráulico con el consecuente abatimiento y contaminación del agua en los acuíferos, limita la posibilidad de recuperarlos y crear las necesarias reservas de agua.
Al demandar más agua que la oferta disponible con la consecuente sobreexplotación de nuestras fuentes, nos hemos comportado de una forma depredadora, o más bien quienes han abusado de esa disponibilidad juegan el papel de villanos en esta parte de nuestra historia, y si con la mayor parte de los volúmenes que usamos ni siquiera satisfacemos la demanda básica de nuestra población, tenemos que afirmar que realizamos una gestión inadecuada, deficiente, de los recursos hídricos que en forma privilegiada la naturaleza nos dotó en estas ecoregiones desérticas.
Por ello cualesquier celebración en un día como éste debe preocuparnos antes de alegrarnos, porque en el manejo sustentable del agua dulce disponible, con la calidad adecuada, se encuentra gran parte del futuro que ofreceremos a las generaciones venideras, algo que los legisladores que nos representan en el Congreso de la Unión deben considerar antes de aprobar la iniciativa de ley privatizadora, creo que previamente a levantar el dedo siguiendo el mandato partidista deben enterarnos y consultarnos como sus representados sobre el impacto que tendrá la nueva legislación en esta región, o si prefieren abrir el debate público con gusto participamos en él. Esperamos que sepan que el problema del agua en La laguna no es cosa secundaria.
