Cierre. Por determinación del Tribunal Superior de Justicia ayer se cerró el juzgado de Matamoros. (MARY VÁZQUEZ)
Ayer dejaron de funcionar el Juzgado Civil y Familiar del municipio de Matamoros. Para las 14:30 horas se esperaban los vehículos que trasladarían los archivos a los juzgados de Torreón.
Heriberto Muñoz Núñez, juez de primera instancia en material civil y familiar del distrito de Viesca con residencia en Matamoros, explicó que el personal que laboraba en esas oficinas: 11 de ellas al interior de las oficinas, un abogado de oficio y un auxiliar, fueron reasignados a otros juzgados de Torreón.
El juez reconoció el impacto social negativo que tendrá el cierre del juzgado, considerando que la mayoría de las personas que acuden a esta instancia presentan condiciones económicas adversas y, por lo tanto, hay dificultades para trasladarse al municipio de Torreón, tomado en cuenta además que muchos de los casos son peticiones de pensiones alimentarias que de acuerdo a las percepciones salariares del demandado, son muy bajas.
"Lo que viene a ser el hecho de que se acerque a un juzgado hacia al área, por ejemplo, a Matamoros y Viesca, se les facilita mucho, más si se trata de asuntos del índole familiar y la verdad es que sí les afecta más en las pensiones alimenticias como lo comentaban los abogados. A veces son de 200 pesos, mas el traslado y eso afecta a su presupuesto", mencionó.
Explicó que hasta ayer que formalmente dejó de funcionar ese juzgado, se tenían en proceso un total 1641 procedimientos familiares y 875 civiles. Anualmente se atiende entre 1300 y 1500 expedientes.
Muñoz Núñez dijo desconocer la causa por la que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila determinó el cierre de las oficinas y el uso que se le dará al edificio.
En las diversas manifestaciones que hicieran los abogados en contra del cierre de este juzgado, denunciaron que la explicación que les dio el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gregorio Pérez Mata, fue que la medida obedecía a la modernización de la administración de justicia, al entrar a la era de la digitalización, sin embargo, ellos refutaron tal precisión al denunciar que la verdadera causa es por el fraude de más de 90 millones de pesos del que fueron objeto por parte de Ficrea, por lo tanto no hay presupuesto para sostener los juzgados de Matamoros y Francisco I. Madero.
