La autorización de la venta de la calle Arocena de la colonia Los Ángeles de Torreón a dos particulares resurgió la polémica sobre el cierre de vías en la ciudad y la discusión sobre la pertinencia de estas medidas como fórmula para enfrentar la inseguridad. Aunque en principio se dijo que estos cierres serían temporales, hoy se observa que quienes los impulsaron y toleraron no están dispuestos a dar marcha atrás, tal y como se advirtió en su momento. Pero este problema de desorden urbano y segregación espacial no inició en la pasada administración municipal, viene desde hace varios lustros, incluso desde antes que la seguridad empezara a descomponerse.
En la década de los 90 del siglo XX ocurrieron dos hechos determinantes para el posterior desarrollo de sectores residenciales enclaustrados. Primero: la reforma al artículo 27 constitucional impulsada por Carlos Salinas de Gortari que permitió la enajenación de tierras ejidales, propició la expansión de la mancha urbana de Torreón hacia el oriente, absorbiendo prácticamente a los antiguos centros rurales de población, los cuales se quedaron sin parcelas qué cultivar. Segundo: la llegada a la región de un concepto entonces novedoso en México de urbanización cerrada que ofrecía a sus clientes potenciales una vida en la periferia con seguridad, confort y estatus social. El concepto de comunidad no estaba presente en el discurso.
El auge de estos sectores residenciales se dio desde finales de los 90 hasta principios de la década actual y recibió un empuje importante gracias a una agresiva política federal de créditos a la vivienda. A la par de estas colonias exclusivas de nivel medio-alto y alto, se fueron desarrollando también colonias de nivel bajo, pero éstas abiertas y con viviendas de interés social. Una de las razones de ser de los llamados fraccionamientos cerrados fue precisamente la de aislar a una población de cierto poder adquisitivo de otra de menor ingreso. Dicho en términos llanos: separar por medio de muros a los nuevos barrios residenciales de los nuevos barrios proletarios y de las viejas rancherías absorbidas. Y en todo este proceso, el Centro de la ciudad y sus colonias originales agudizaron su despoblamiento.
Contrario a la lógica de la sana convivencia urbana y la buena vecindad, los gobiernos municipales toleraron estas prácticas sin contar, incluso, con un sustento legal. Para tener acceso a los sectores amurallados, cualquier ciudadano "ajeno" a ese espacio tiene que identificarse y justificar su presencia, de lo contrario no puede pasar, lo cual constituye una clara violación al derecho de libre tránsito avalado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La vía pública se convirtió de facto en espacio privado. Y la cohesión social urbana -tan de moda hoy en día- se rompió. Los de adentro desconfían de los de afuera, los de afuera se muestran recelosos con los de adentro. La desigualdad económica adquirió su dimensión física y territorial más clara. El Torreón que antes era de todos -al menos en cuanto a libre tránsito se refiere- se convirtió en el Torreón de los guetos.
Fue en medio de este contexto de desconfianza y segregación crecientes que la violencia criminal se "disparó" hasta alcanzar niveles nunca antes vistos en la región. Asesinatos, secuestros, tiroteos y robos violentos se volvieron parte de la cotidianidad entre 2008 y 2013, principalmente. La ciudad se degeneró en un enorme campo de batalla. Los que querían y podían irse, lo hicieron. Los que se quedaron y tenían con qué, se encerraron. Así comenzaron a levantarse más muros, más rejas, más desconfianza y segregación. Colonias que fueron planeadas para estar conectadas con el resto de la ciudad empezaron a aislarse con o sin el consentimiento de la autoridad. Los pobladores de esos sectores siguieron la mala ruta que ya habían trazado los impulsores del exitoso -comercialmente hablando- concepto de la urbanización cerrada. "Si ellos pueden protegerse y aislarse, ¿por qué nosotros no?", argumentaban. Y la autoridad municipal, rebasada por la inseguridad, dejó que cada quien hiciera lo que le pareciese. Fue la institucionalización del "sálvense quien pueda".
Como se mencionó al inicio del artículo, según el ayuntamiento estos cierres de calles serían temporales, mientras pasara la emergencia por la ola criminal. Nada más falso. Hoy, poco más de un año que las autoridades de los tres niveles de gobierno llevan presumiendo cada vez que pueden que la seguridad ha mejorado en La Laguna, las colonias siguen cerradas. Y más aún, en una de ellas ya se autorizó la venta de una calle a dos particulares, a pesar de las recomendaciones del Instituto Municipal de Planeación -creado para supuestamente promover un crecimiento ordenado de la ciudad-, y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Lo más desconcertante es que el ayuntamiento actual que preside el priista Miguel Riquelme dice trabajar para lograr "la cohesión comunitaria y la reconstrucción del tejido social". ¿Se darán cuenta que permitir el uso privado de la vía pública va en contra de dichos preceptos y pone en entredicho el discurso oficial de la mejora de la seguridad?
Más allá de la controversia por la forma en la que se dio la autorización de la venta de la calle Arocena, detrás de este asunto hay toda una concepción de ciudad. Con todo y los recursos invertidos en programas, institutos y obras, en la práctica el mensaje que prevalece es el del Torreón de los guetos, el Torreón de la segregación, el Torreón de la desconfianza, el Torreón de quien hace lo que quiere porque tiene con qué. El de Torreón como ciudad privada. Es verdad que el camino más largo y difícil para construir armonía social es la inclusión y la cohesión, pero también es el más seguro y cierto y el más alejado de la agenda electoral. Parece que en vez de comenzar a recorrerlo, seguimos dándole la vuelta. Vamos a ver con qué consecuencias.
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