Hablar de clases sociales es odioso, injusto y discriminatorio. Es tema que no gusta leerse, pero que debemos atender a pesar de todo.
Es particularidad social que permanentemente analizan organismos especializados; nosotros contamos con uno oficial, el Inegi, que se mantiene estudiando a la población mexicana.
Un concepto básico se refiere a la división de las capas socioeconómicas y culturales en alta, mediana y baja, existiendo subdivisiones en cada una de ella, tratando de identificar las necesidades que requieren atención de inmediato y para favorecer el desarrollo de una comunidad en particular.
La distribución equitativa de la riqueza es un principio de justicia social que enfrentan todos los sistemas de gobierno, sean de izquierda o derecha, buscando lograr alcanzar el equilibrio. Seguimos siendo injustos, tal y como lo fueron los integrantes de los pueblos primitivos.
Para muchas sociedades es preferible citar la clasificación en términos de niveles socioeconómicos y culturales; todos, buscando una clase media fuerte y vigorosa, con otras altas y bajas mínimas en porcentajes de población. Recuerde que ese grupo social es "el jamón del sandwich, que recibe mordiscos de arriba y abajo".
Las clases socioeconómicas y sociales altas cuentan con los requerimientos para tener una vida sobrada; la media, aunque sufriendo, puede alcanzar los satisfactores mínimos suficientes en temas de alimentación, salud, vivienda y educación. Los más desamparados son incapaces de sostenerse, incluyendo sus necesidades de medicinas, vivienda decorosa y educación mínima, aunque el bachillerato haya sido declarado derecho individual en México.
En ese marco teórico, los mexicanos vivimos un estado de injusticia severa; según el último censo, un poco menos del 2 por ciento de connacionales es rico, prácticamente dueño de todos los bienes de producción, beneficiándose además con los avances en ciencia y tecnología. Los extraordinariamente ricos de México son escandalosamente minoritarios, sólo unos cuantos, quizá dos o tres decenas de familias.
En contraparte, el 60 por ciento de los mexicanos vive en estado de pobreza, sumido en la desesperanza ante la realidad dolorosa de que difícilmente podrá ascender en la escala sociocultural y económica, consciente de sus limitaciones para ofrecer a sus familiares verdaderas alternativas en salud, vivienda y educación. Está resentido y desesperado.
Recuerde que por definición, una nación es estable y sólida cuanto más numerosa sea su clase media. En México, un 38 por ciento pudiera ubicarse ahí, aunque la mayor parte esté en el nivel definido como media baja, quienes con grandes dificultades pueden acceder a la llamada canasta básica.
La situación de justicia social en nuestro país se complica aún más cuando vemos que los habitantes del medio rural continúan emigrando a las ciudades, encontrándolos en los cinturones de miseria en las periferias, donde los servicios públicos mínimos no existen o son deficientes, además de no contar con un empleo estable que les aporte ingresos para que puedan cubrir las necesidades familiares; carecen de atención institucional para la salud y tienen limitadas sus oportunidades de educación básica. Viven en un estado carencial y de agonía permanente y son "carne de cañón", útiles para manipularlos con fines políticos o desestabilizadores.
Problema aparte es el abandono de las labores agropecuarias y la pérdida de recursos humanos para la agricultura y ganadería; en todo caso, los campesinos no cuentan con los medios mínimos para hacerse productivos, sufren por graves deficiencias en atención a su salud y deben buscar alternativas de educación en las ciudades, donde caen en manos de vivales que les ofrecen "espejitos escolares", títulos y diplomas sin soportes de conocimiento, condenándoles a la frustración o simplemente se quedan sin estudiar.
Sin duda que el círculo vicioso es difícil de romper; considere que la pobreza es pésima consejera, que lleva a decisiones desesperadas, entre ellas la delincuencia en todas sus versiones.
En las declaraciones sobre justicia social de la ONU, desde 2010, se advirtió el problema en el Informe de Desarrollo Humano, haciéndoles saber a quienes tienen capacidad de maniobra que, de no atender las graves carencias de continentes como el Africano y buena parte del Americano, las consecuencias les alcanzarán para cobrarles cuotas altas en términos de calidad de vida comunal. A la fecha no hay acciones efectivas ni adecuadamente intencionadas.
Orgullosamente, en La Laguna, contamos con muchas organizaciones no gubernamentales que colaboran con el estado en atender el problema de la pobreza y sus consecuencias, aunque también deben enfrentar limitaciones económicas por la falta de apoyo para que cumplan sus programas. En general, hacen tareas sociales que los gobiernos no atienden y los ciudadanos no apoyamos.
La pobreza material se combate con educación y justicia social; la moral, requiere grandes esfuerzos que al parecer nadie queremos dar y mucho menos encabezar.
Dejemos de quejarnos y señalar a los gobernantes como únicos culpables; exijamos con trabajo, ejemplo y hasta arrojo. ¿Reaccionamos?
ydarwich@ual.mx
