Al inicio de su administración, el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, trazó tres ejes sobre los que ha venido trabajando en los casi cuatro años de gobierno: seguridad, derechos humanos y transparencia. En gran medida, fue la realidad del estado la que obligó a poner en la agenda esos temas como sus principales prioridades. La violencia de los cárteles del narcotráfico, cientos de personas desaparecidas y una deuda de 36,000 millones de pesos fueron los principales lastres que le dejó la administración de Humberto Moreira y Jorge Torres López. Y aunque ha conseguido algunos avances, los resultados aún son, a todas luces, insuficientes.
En materia de seguridad, la violencia de los grupos del crimen organizado que se disputaban el control del territorio y las ciudades coahuilenses ha disminuido gracias a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, principalmente el estatal y el federal. No obstante, no todos los índices delictivos han bajado, incluso varios han registrado un incremento. De acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, basadas en los reportes de las fiscalías y procuradurías de justicia de los estados, el número de delitos en general denunciados en 2014 es 5.17 por ciento superior al de 2011.
En lo que corresponde a los derechos humanos, el tema de las personas desaparecidas es un herida que sigue abierta. Al cierre de 2014, en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas había 1,332 ciudadanos coahuilenses en esta condición, cifra que ubica a la entidad entre las cinco con más casos. Cientos de familias buscan hoy todavía a sus seres queridos, muchos de ellos víctimas de la violencia criminal que golpeó al estado. Ejemplo de ello es el trabajo que realizan asociaciones como Fuundec y Grupo Vida, quienes se han organizado para llevar a cabo sus propios rastreos con algunos hallazgos escalofriantes.
Un logro en este sentido ha sido sin duda la promulgación de la Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas, no obstante esta medida no está exenta de polémica debido a que deja una buena parte de la carga del apoyo a las familias en manos de los empresarios.
Por otro lado, los abusos cometidos por integrantes de las corporaciones policiacas estatales, sobre todo del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE), se ha convertido en un punto de tensión que socava en parte los esfuerzos por avanzar en el tema de seguridad. Las quejas se han acumulado en los últimos cuatro años. De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, de 2012 a 2015 se han presentado 1,005 denuncias en esa institución por presuntos abusos cometidos por los cuerpos de policías que dependen de la Comisión Estatal de Seguridad. Es decir, casi uno al día.
El obispo de Saltillo, Raúl Vera, ha denunciado en varias ocasiones que los llamados "gates" entran a las cárceles a torturar a los reos. Y en reciente visita a la capital del estado, María Elena Morera, presidenta de la asociación Causa en Común, reconoció que existe "tensión" entre el GATE y la sociedad debido precisamente a estos presuntos excesos en el ejercicio de la fuerza. En el estudio "Acompañamiento Ciudadano al Desarrollo Policial 2014", realizado por la citada asociación, Coahuila apareció en el último lugar en el rubro de régimen disciplinario, con 1 sobre 10 de calificación.
Pero quizá el asunto que más le ha costado al gobierno de Moreira es el de la transparencia. Con el peso de una deuda contratada en parte con documentos falsos y que no ha sido justificada completamente, ya que queda pendiente de explicar el destino de 18,000 millones de pesos, la administración estatal actual ha intentado ofrecer otra cara, pero dándole la vuelta a este tema. Mientras ha impulsado leyes de vanguardia y ha publicado los padrones de programas sociales, mismos que el propio Rubén Moreira reconoció que fueron mal utilizados en el sexenio anterior, no ha ofrecido resultados en las averiguaciones abiertas por el caso de la deuda.
Esta última omisión contrasta con los avances que la justicia de los Estados Unidos ha tenido en la investigación de una presunta red de corrupción que operó en el estado de Coahuila durante el gobierno de Humberto Moreira-Jorge Torres para sustraer recursos del erario e invertirlos en bienes raíces, empresas y cuentas bancarias en Texas y en México. Al respecto, el extesorero estatal Javier Villarreal y más recientemente el empresario mediático, Rolando González Treviño, ambos cercados por las autoridades norteamericanas, han confesado haber participado en una conspiración que incluye el transporte de dinero robado y, en el caso del primero, fraude electrónico y lavado de dinero. Sus sentencias ya tienen fecha, septiembre de 2015. Y el exgobernador Torres se encuentra en calidad de prófugo por delitos similares.
Dentro de la trama, los fiscales estadounidenses han informado que fue en la casa del exgobernador donde se pactó la venta de participaciones de medios de comunicación en México. Sin embargo, las autoridades coahuilenses sólo han tomado nota de toda la información generada del otro lado de la frontera, han elaborado actas circunstanciadas y abierto algunas averiguaciones, sin hasta la fecha mostrar resultado alguno.
Sin atender los asuntos arriba expuestos en cada uno de los rubros de la agenda central del actual gobierno de Coahuila, será muy difícil que se recupere la confianza perdida entre un amplio sector de la ciudadanía. La mejora en la seguridad, los derechos humanos y la transparencia, pasa forzosamente por la baja en todos los índices delictivos, por la sanación de la herida abierta en las familias de los desaparecidos, por el apego de las fuerzas policiacas al estado de derecho, por la recomposición de la sociedad y por el esclarecimiento de la deuda que tiene al estado en buena medida atado de manos en términos financieros.
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