Recuerdo. Imagen de la bodega en donde se llevaron las presuntas ejecuciones extrajudiciales
El Gobierno mexicano anunció ayer que entregará más de 50 millones de pesos de compensación económica a las familias afectadas por el caso Tlatlaya, como se conocen los hechos en los que 22 civiles murieron a manos de militares en junio de 2014.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) indicó en un comunicado que ya inició las acciones de reparación integral, sustentada en la recomendación del ombudsman (defensor del pueblo) nacional, que determinó la existencia de violaciones de los derechos humanos.
"Se prevé que el monto total, que comprende a todas las familias afectadas, será de más de 50 millones de pesos (3,3 millones de dólares)", señaló.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó en octubre pasado que en este caso se cometieron delitos como "privación arbitraria de la vida, uso arbitrario de la fuerza, tortura y tratos inhumanos, así como actos violatorios de los derechos a la verdad y al acceso a la justicia".
Por ello, recomendó la reparación del daño a los familiares de las víctimas, atención médica y psicológica a los sobrevivientes y estricto cumplimiento al manual del uso de la fuerza.
En un principio, la Secretaría de la Defensa informó de que los 22 civiles, presuntos miembros de una banda de secuestradores, habían fallecido en un enfrentamiento con militares.
Sin embargo, dicha versión fue cuestionada por una testigo que reveló que sólo uno de los civiles había muerto en el choque armado y los demás habían sido asesinados por los soldados después de ser sometidos a un interrogatorio.
Una investigación de la fiscalía mexicana reveló después que en el tiroteo murieron 14 personas y las ocho restantes fueron asesinadas por tres de los soldados que participaron en la operación después de haberse rendido, aunque la CNDH estimó en 15 las ejecuciones extrajudiciales.
Siete militares son procesados por estos hechos. Todos por ejercicio indebido de servicio público, tres de ellos también por abuso de autoridad, homicidio calificado, alteración ilícita del lugar donde ocurrieron los hechos y un oficial por encubrimiento.
La compensación que otorgará al Estado mexicano será "por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables, que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos", explicó ayer la CEAV.
