Las declaraciones del gobernador Rubén Moreira en contra de medios de comunicación que han hecho públicas las críticas en contra del comportamiento de los grupos policiacos especiales denominados de "élite", constituye un lamento en virtud del cual, el gobernador asegura que existe una especie de complot mediático en contra del gobierno que encabeza.
De acuerdo a la información disponible, el gobernador sostiene que las críticas en contra de los cuerpos policiacos referidos, forman parte de una campaña de desprestigio a su gobierno orquestada por una supuesta alianza entre algunos periodistas y el crimen organizado, como consecuencia de lo que Moreira califica como un buen desempeño de las policías especiales, soslayando las más de mil quejas acumuladas al respecto, en la Comisión de Derechos Humanos.
La declaración del gobernador no es casual ni aislada, sino que forma parte de un plan premeditado para sacudirse de la responsabilidad que como jefe de esos cuerpos policiacos le es propia, como lo demuestra el hecho de que días después el secretario de Gobierno de Coahuila insista en el punto y llegue al extremo de sostener que existen "narconóminas" integradas por empleados de medios de comunicación que operan en beneficio de la delincuencia organizada.
Desde luego que es interés del público el que toda conducta que sirva de apoyo al crimen organizado sea perseguida y castigada por la autoridad sin embargo, a pesar de que el secretario de Gobierno manifiesta que tiene en su poder las narconóminas y que las entregará a la SEIDO como unidad Federal, la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de la Delincuencia Organizada, lo cierto es que han pasado los días y el referido funcionario no ha hecho la denuncia formal ante las autoridades competentes ni ha mostrado las presuntas nóminas, lo cual implica que las declaraciones de gobernador y secretario, no tienen otra razón ni otro propósito que el de enrarecer el ambiente.
Las declaraciones del gobernador y del secretario responsable de la política interna del Estado, no son producto de un error o descuido, sino que son el fruto de un cálculo arriesgado, que lleva al gobierno de Moreira al extremo de recurrir a la reyerta y al escándalo, con tal de distraer a los coahuilenses de la realidad que padecemos.
En efecto, Moreira es un convencido de la importancia que tiene para los políticos su imagen proyectada en los medios de comunicación, hasta el punto de considerar que la percepción del público espectador es constitutiva de la realidad del momento. A esa luz, ante la mediocridad de su gobierno y su falta de impacto positivo en materia de desarrollo humano y productividad económica, Rubén se empeña en influir sobre la opinión pública a través de los medios, de los modos más diversos por extravagantes que sean.
Sin embargo, la estrategia moreirista es insuficiente para desvanecer notas periodísticas que cuestionan al Gobierno, en temas permanentes de gran impacto negativo como es el de la megadeuda que tiene en quiebra las finanzas del Estado o el de la inseguridad asociada a la impunidad, y otros más o menos recurrentes como el del abuso policiaco, la deficiencia en los servicios públicos, el deterioro del sistema de salud o la insolvencia de los planes de pensiones.
A los temas mencionados con antelación, se suman otros novedosos que emergen de manera sorpresiva como es el caso del colapso reciente de la función del Registro Público de la Propiedad en la ciudad de Saltillo, que al tener atorada la formalización de créditos por cinco mil millones de pesos, mantiene en zozobra al gremio notarial, a la banca local y al sector productivo en general.
La ineficiencia institucional y administrativa y el despilfarro de recursos resultante, se explican en virtud de una política perniciosa que mantiene a la estructura de gobierno con todos los recursos hacendarios, empeñados en el propósito único y exclusivo de mantener el poder a cualquier precio, a costa del bienestar de los coahuilenses.
