El Partido Verde Ecologista de México aprovecha la protección que le brinda el grupo filo priista del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para violar sistemáticamente la legislación electoral y obtener una ventaja indebida en el presente proceso electoral.
Sin pretender hacer un largo recuento de la protección del TEPJF vale la pena recordar que fue dicha instancia la que abrió la puerta con una sentencia del 8 de mayo del 2009, para que los llamados ecologistas aprovecharan los "informes de labores" de sus legisladores para comprar indebidamente tiempos en radio y televisión para hacer campaña, durante el periodo de intercampañas. Al amparo de dicho precedente los verdes repitieron el mismo procedimiento durante el proceso electoral del 2012 y ahora en el 2015, sin embargo, el 29 de diciembre del año pasado la Sala Especializada del Tribunal modificó el criterio y permitió detener el fraude a la Ley, en marzo de este año.
Pero las sanciones de casi 200 millones de pesos impuestas al Verde, no han sido suficientes para inhibir las violaciones por parte de dicho instituto político, todo lo contrario ahora desafía a la autoridad administrativa electoral al desacatar las medidas cautelares que le dicta la Comisión de Quejas del Consejo General del INE, para frenar actividades presuntamente ilícitas.
La actitud desafiante del Verde tiene tres asideros: uno, la mayoría de Consejeras filo priistas y, por consiguiente al ir en alianza con el tricolor, filo verdes en la citada Comisión, lo que coloca una primera línea de defensa; dos, el respaldo de la Sala Superior del Tribunal, que sigue atenuando las sanciones o exonerando al Verde de sus reiteradas faltas; y tres, su disposición a pagar "en cómodas mensualidades" multas que finalmente consideran parte de su costo de posicionamiento.
La semana que recién concluye, se evidenciaron sus tres líneas de defensa. Primero, fue la Sala Superior del Tribunal la que definió que las sanciones por el desacato a las medidas cautelares dictadas por el INE debían procesarse por la vía de los Procedimientos Especiales Sancionatorios (PES) y, por lo tanto, el INE únicamente debía integrar el expediente y la Sala Especializada era la responsable de imponer la sanción. Hasta hoy, únicamente hay una resolución en ese sentido, pero de mantenerse en otras dos resoluciones consecutivas, sería Jurisprudencia y el INE perdería su capacidad de sancionar el desacato de las medidas cautelares.
Una decisión en dicho sentido dejaría inerme al INE y permitiría a los actores políticos desacatar, al menos por un valioso periodo de tiempo, las medidas cautelares que dicte la institución, es decir, las resoluciones del Tribunal propiciarán lo que se pretendía evitar con los llamados PES, la violación prolongada de la Ley durante el lapso que se tarda la autoridad en sancionarla, lo cual en campañas electorales puede ser fundamental para obtener una ventaja indebida.
Después fueron las dos Consejeras (Beatriz Galindo y Adriana Favela) las que rechazaron en la Comisión de Quejas las propuestas de sancionar al PVEM con la suspensión durante 63 días de sus spots en radio y televisión (18 de éstos durante las campañas electorales), para regresar las propuestas de resolución a la Unidad Técnica de lo Contencioso, para que fortaleciera el expediente, en un caso; y para que conmutara la suspensión de la transmisión de spots por una nueva multa, en el otro.
Aquí se manifestaron los otros dos asideros, pues fueron dos de sus "guardaespaldas" en el Consejo General del INE las que lo protegieron de una sanción más severa y le permitieron mantener su violación a la Ley y el desacato de las medidas cautelares; y, en segundo lugar, nuevamente seguirán pagando en abonos sus multas.
Este tema merece una reflexión especial, pues para el pago de las sanciones económicas en realidad lo que se hace es reducir o suspender la entrega de los recursos del financiamiento público a los partidos políticos, pero siempre cuidando de no sofocarlos, es decir, si es en periodo electoral se puede llegar a suspender el 100% del ordinario, pero se mantiene intacto el destinado a la promoción del voto; si es fuera de época electoral, siempre se mantiene un porcentaje importante del financiamiento ordinario para que el partido pueda mantener su actividad cotidiana. Para ponerlo en términos muy llanos siempre se salvaguarda su viabilidad financiera, para que nunca atraviese una situación de insolvencia o quiebra técnica.
Por supuesto que el Verde (y quizá en este proceso electoral habría que incluir al PRI, pues puede suponerse que de alguna manera contribuirán al pago de dichas sanciones económicas, al depender de los escaños que gane el Verde en la Cámara de Diputados para lograr la mayoría simple en la misma) está dispuesto a pagar dicho costo, si eso le significa obtener mayor porcentaje de votación y, por ende, incrementar su financiamiento público y más diputados para mejorar su poder de negociación.
Dados estos antecedentes es iluso y cándido pensar que estas autoridades electorales serán capaces de aplicar los principios constitucionales y la legislación electoral para retirarle su registro al PVEM, como solicitan más de 100 mil firmas ciudadanas. La única vía para sacarlos de las contiendas electorales y por fin a su rentable negocio es negándoles el voto el próximo 7 de junio. Sin embargo, también hay que señalar que esta descarada protección a las tropelías del Verde costará muy caro a las autoridades electorales, tanto del INE como del Tribunal y, eventualmente, a la democracia mexicana.
