El fin de semana pasado, más de 100 representantes de ayuntamientos de estados de la frontera norte lanzaron la “Declaratoria de Ciudad Juárez”, un documento en principio de carácter simbólico pero que sienta un precedente sobre la postura que deben asumir las autoridades mexicanas respecto a la creciente xenofobia de sectores conservadores en Estados Unidos, encabezados por el precandidato republicano Donald Trump. Dicha postura representa desafíos conjuntos y exige congruencia.
La declaratoria, firmada por ediles de municipios de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, consiste en siete puntos, el primero de los cuales es la condena del discurso del magnate y político estadounidense, quien como parte de sus propuestas de campaña en materia de migración ha planteado medidas radicales y xenófobas. Una de ellas es la construcción de un muro a lo largo de toda la frontera entre México y Estados Unidos y hacer que nuestro país lo pague. Otra tiene que ver con la deportación de 11 millones de hispanos indocumentados que hoy residen del otro lado del río Bravo. Una más, quizá la más polémica incluso para los propios estadounidenses, es la expulsión de los hijos de inmigrantes nacidos en la Unión Americana, lo cual implicaría una clara violación a los principios constitucionales de la primer potencia mundial.
Más allá de si estas medidas son viables o no por su costo económico, social o político, o de si es posible que Trump gane la elección presidencial el próximo año, el discurso del precandidato inserta un indeseable tono racista y xenófobo al debate sobre la migración en un país que, se reconozca o no, surgió y se expandió gracias precisamente a su capacidad de asimilación de los inmigrantes. Es por ello que los sectores liberales y democráticos están obligados a enfrentar en la arena política esta retórica con los mejores argumentos y creando un frente común. Nunca el racismo, la discriminación y la xenofobia han aportado algo positivo a la discusión pública. En este sentido, es de aplaudirse la posición de los ediles fronterizos, aunque apenas represente un comienzo.
En la declaratoria se incluyen otros puntos como la solicitud de una partida especial para hacer frente a los problemas específicos de la frontera: migración, seguridad, narcotráfico y desempleo. Además, se propone la firma de un convenio de cooperación entre autoridades estatales y federales de ambos países para sumar esfuerzos y establecer un nuevo punto de entendimiento. Peor, como dijimos al principio, estas medidas implican varios retos para los municipios firmantes y los gobiernos estatales y federal en México.
En primer lugar es necesario asumir una posición congruente frente a la migración. No es posible exigir un mejor trato a nuestros connacionales en Estados Unidos, cuando aquí se les trata igual o peor a los inmigrantes centroamericanos o a los propios mexicanos que se ven obligados a dejar sus lugares de origen. En segundo lugar, los ediles deben convencer a sus pares norteamericanos de la necesidad de construir una política migratoria conjunta que parta del desarrollo de mejores condiciones económicas, sociales y de seguridad en las regiones expulsoras. Sin el trabajo de las autoridades de ambos lados de la frontera será muy difícil avanzar, pero lo será más si no se comienza por poner el ejemplo dando un trato digno a las personas que, por una razón u otra, tienen que emigrar. Congruencia y colaboración deben ser las armas clave contra la xenofobia.
