La semana pasada el Ayuntamiento de Torreón dio a conocer la firma de un convenio por medio del cual recibirá más recursos por cada choque en el que participe un vehículo cuyo propietario no se encuentre en regla con el pago de tenencia, derechos vehiculares y plaqueo. Cuando un auto sin placas vigentes participe en un accidente vial deberá ser retenido hasta que su dueño haga los pagos correspondientes por los adeudos en la oficina recaudatoria del Estado de Coahuila. El argumento oficial es poner orden en este rezago en materia de registro vehicular con fines de seguridad. La lectura que le da una buena parte de la sociedad es que se trata de una medida recaudatoria. No es la primera vez que las autoridades estatales y municipales tratan de recaudar más recursos a través de los autos y, de paso, aparentar un esfuerzo para meter en cintura a los dueños de vehículos que circulan sin placas vigentes. Pero lo que revela esta nueva medida es la extraviada política vial y fiscal que prevalece en algunos gobiernos.
Efectivamente el rezago en la matriculación de carros en la región es un problema importante que impacta en otros como la inseguridad, pública y vial, y la contaminación del medio ambiente. Pero este problema tiene dos rostros: el de los dueños de autos nacionales que no han plaqueado o que portan láminas vencidas, y el de los propietarios de unidades de procedencia extranjera, conocidos como "chuecos", que se agrupan en organizaciones para obtener un permiso extraoficial. Por lo regular, las medidas aplicadas por las autoridades para atacar este problema se centran en los primeros. Y cuando los segundos llegan a ver afectados sus intereses, basta con que realicen protestas y manifestaciones para frenar las acciones de gobierno. Así se ha visto cómo pasan amenazas de "decomisos" y operativos especiales activados sólo de momento con el fin de orillar a algunos a que acudan a pagar.
Además de los operativos, el gobierno de Coahuila se ha valido de otras estrategias para lograr el objetivo de recaudar más dinero por concepto de impuestos vehiculares. Una de ellas fue la de retrasar la desaparición de la tenencia pese a que fue un compromiso de campaña del gobernador Rubén Moreira. Otra fue el amague -que sólo en eso quedó- de sancionar a quienes, motivados por la promesa incumplida de la tenencia, los costos más bajos y el rechazo a la deuda opaca de 36,000 millones de pesos que dejó el sexenio anterior, cruzaban los límites estatales para pagar sus placas e impuestos en La Laguna de Durango, en donde los controles y trámites son más laxos. Curiosamente, la misma semana que el gobernador coahuilense descartó aplicar estas sanciones, se dio a conocer el convenio entre el Ejecutivo Estatal y el Ayuntamiento de Torreón que tiene como fin el de retener los autos chocados de propietarios endeudados.
De esta "política" de operativos, convenios, amenazas y medidas, llaman la atención dos aspectos: la nula coordinación entre las autoridades de los estados y municipios vecinos de la Comarca Lagunera, y la omisión de la ley y el reglamento en la materia. Como en muchos otros asuntos, los gobiernos estatales de Coahuila y Durango carecen de criterios uniformes en materia de recaudación de impuestos vehiculares y de laminado. Los tiempos de vigencia en el plaqueo, trámites, costos y requisitos son diferentes para los contribuyentes de Torreón y Gómez Palacio a pesar de que ambas ciudades son prácticamente una sola en términos de dinámica urbana, social y económica.
Por otro lado, las autoridades de ambos lados de la frontera estatal pasan por alto la norma de vialidad. El Reglamento de Movilidad Urbana del Municipio de Torreón, que es el mismo para toda la zona metropolitana de La Laguna, establece en su artículo 13 lo siguiente: "No podrán circular en las vías públicas los vehículos que no porten placas de matriculación correspondiente. Las autoridades de tránsito, en el ámbito de su competencia, podrán retirar de la circulación aquellas unidades que no cuenten con dichas placas sin justificación, siempre y cuando no cuenten con algún instrumento para garantizar el interés fiscal (…)".
De lo anterior se deduce que, por una parte, los gobiernos deben sancionar por regla a los propietarios de vehículos sin matrículas oficiales vigentes; y, por la otra, que no son necesarios operativos, convenios, amenazas ni medidas extraordinarias para poner orden en este sentido. Es decir, basta con que las autoridades apliquen la norma vial sin preferencias ni excepciones. No portar placas vigentes ni permiso temporal es motivo de sanción, sea un auto nacional o de procedencia extranjera. El agente que lo detecte debe aplicar la multa correspondiente y retener la garantía, que puede ser la licencia de conducir o, en caso de no portarla el conductor, el vehículo. Y, de acuerdo con el reglamento, no es necesario que el vehículo se vea involucrado en un accidente.
Ahora bien, la retención de vehículo por motivo de multa o adeudo fiscal es motivo de controversia legal. Aunque es reconocido que un auto particular sea retenido por la autoridad de Tránsito de una ciudad debido a una infracción que esté contemplada así en el reglamento, nada se dice respecto a la retención por motivo de adeudo fiscal. La forma en la que pretenden los gobiernos de Coahuila y Torreón salvar este "vacío" es mediante un convenio. En medio de la controversia, el alcalde Miguel Riquelme negó que se trate de una medida anticonstitucional, ya que, dijo: "cuando un gravamen está en la ley, no debe ser anticonstitucional la forma en que te cobren". Extraña forma de entender el derecho.
El artículo 16 de la Constitución dice claramente: "nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Una persona que comete un delito sólo puede ser privada de su libertad con una orden de aprehensión emitida por un juez. Un bien mueble o inmueble puede ser embargado por causa de una deuda siempre y cuando sea a través de un procedimiento de embargo. Las autoridades locales lo saben, pues se aplican procedimientos de embargo en los casos de viviendas cuyos dueños deben el impuesto predial, por ejemplo.
Lo que sugieren ahora los funcionarios que promueven este convenio es saltar este requisito que establece la Constitución. Es decir, ellos mismos están abriendo la puerta a los amparos y condenando al fracaso esta nueva medida de una política vial y fiscal extraviada. Tan fácil que sería hacer cumplir la ley valiéndose de los instrumentos que han creado, como el Reglamento de Movilidad Urbana. Los recursos de esas multas entrarían de forma directa a las arcas municipales, sin la intermediación ni discrecionalidad del gobierno estatal. Por todo lo señalado arriba, vale la pregunta: ¿cuál es el verdadero motivo de este convenio? ¿Cuál es su sustento y viabilidad legal?
Twitter: @Artgonzaga
Correo-e: argonzalez@elsiglodetorreon.com.mx
